La Subdelegación del Gobierno recurre para frenar la municipalización en Cádiz
El subdelegado del Gobierno insiste en que había expresado su interés de que no se recurriera la sentencia que desestimaba el recurso contra la municipalización
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Presentación del nuevo equipamiento del servicio de salvamento en Cádiz / Ayuntamiento de Cádiz
Cádiz
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha decidido recurrir la sentencia que desestimaba el recurso que, a su vez, interpuso la Subdelegación del Gobierno en Cádiz en la etapa de Gobierno del PP contra la municipalización de los servicios de playa en Cádiz.
El alcalde de Cádiz, José María González, ha criticado esta decisión de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que se toma siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado.
Esta decisión, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, se ha tomado en contra de la voluntad del propio subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, que según estas mismas fuentes detalló que no veía bien el criterio que marcaba la Abogacía del Estado el pasado mes de octubre respecto al caso. Sin embargo, el recurso ha continuado adelante sin que ningún representante del Gobierno haya intervenido para evitarlo.
La Abogacía del Estado proponía dar la batalla legal para intentar frenar la municipalización de los servicios de playa en Cádiz, tal y como reclamó en su día el portavoz del PP de Cádiz, Ignacio Romaní, quien presentó un requerimiento a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz para ello.
Romaní destacó, en su requerimiento, que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cádiz había emitido ya una sentencia sobre la remunicipalización en Chiclana de la Frontera que sí estimaba el recurso interpuesto por la Subdelegación del Gobierno.
Consideraba el portavoz del PP de Cádiz que las dos sentencias –por la misma causa y objeto- eran contradictorias y creaban inseguridad jurídica, y reclamaba a la Subdelegación del Gobierno que siga dando la batalla legal contra la municipalización de los servicios de playa en Cádiz.
Ahora, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha decidido recurrir esa desestimación siguiendo el consejo de la Abogacía del Estado y vuelve a añadir incertidumbre sobre el desarrollo de los servicios municipalizados en la ciudad de Cádiz, cuya legalidad aún tendrá que seguir discutiéndose en sede judicial.
