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Protestas en los juzgados de Ponferrada en contra de anular la "especialización"

Dicen los sindicatos que la modificación de la LOPJ cambiará la especialización del funcionario por una movilidad que les colocará en puestos en los que desconocen los procedimientos

La primera concentración celebrada en los juzgados de Ponferrada por la modificación de la LOPJ /

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han liderado protesta por la reforma de la LOPJ, ya aprobada en el Congreso de los Diputados, y que han seguido medio centenar de funcionarios de los juzgados de Ponferrada por "contener los más graves ataques a todo el personal de la Administración de Justicia que se han producido en la historia".

Desde la UGT, la delegada Susana Rivada, reprochó a la Ministra del PSOE  que, a pesar de ser trabajadora de la Administración de Justicia, "nos haya colado por la puerta de atrás un recorte de derechos que no tienen parangón.  No sólo se recortan puestos de trabajo, sino que al aplicar una movilidad forzosa se deroga la especialización laboral que se pretendía imprimir a cada puesto de trabajo".

En esa línea el representante de STAJ, José Maria Rubio , incidió en que no sólo no se les devuelven los derechos que habían perdido con la crisis "sino que nos quitan otros a nosotros y a los ciudadanos". Explica que no  será lo mismo que el procedimiento lo lleve la misma persona que cambie cada dos por tres, por lo que    "si ahora nos acusan de lentitud, a partir de este momento lo harán también de confusión".

Desde CSIF, Olegario Ramón, también reconoció que confiaban en que la ministra Dolores Delgado, hubiese echado para atrás la modificación del ministro Catalá, y lamenta que sin embargo siga adelante con ella. Añade Ramón que con esa reforma no sólo se va a desarrollar un nivel de trabajo inferior al actual por parte de los funcionarios sino que además tampoco se va cumple el fin prestar un mejor servicio a la ciudadanía, por lo que pide al Gobierno que rectifique.

En la lista de agresiones a sus derechos, los sindicatos incluyen la unificación, en uno solo, de los centros de destino de cada municipio, por lo que en ningún caso el funcionario podrá elegir. Además, se aprueba la movilidad forzosa; se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales cuando se designen jueces de refuerzo. Por su parte, el personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses. Si no hay una modificación, y que incluso ya tiene convocada a nivel nacional una huelga general el día 16 de noviembre, jornada en la que se anima a participar en una manifestación en Madrid.

 

 

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Cadena SER

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