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Sobre las hipotecas

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo resolvió ayer tarde, tras dos días de extrema tensión y en una votación más que ajustada –quince a favor por trece en contra-, dar marcha atrás a la decisión de obligar a los bancos a hacerse cargo del impuesto a las operaciones hipotecarias, y retornar al sistema que lleva funcionando en este país desde hace más de dos décadas y que convierte al solicitante del préstamo en paganini del impuesto. Los magistrados del Supremo se dividieron en dos mitades casi idénticas, y decidieron por mayoría el cambio del criterio adoptado hace tres semanas por la sala que se ocupa de cuestiones tributarias. Al final, fue el propio presidente del Supremo, el juez Díez-Picazo, quien resolvió el empate votando que sean los compradores los que paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La decisión fue inmediatamente contestada por las fuerzas políticas y las asociaciones de consumidores, con calificativos muy duros contra el proceder del alto tribunal, mientras se disparaba la cotización del Santander y el BBVA en la bolsa neoyorkina, algo que probablemente se repetirá hoy en la de Madrid.

Queda la percepción ciudadana de fraude, perplejidad y escándalo, la certeza de que la banca siempre gana, la sensación de que la banca juega con reglas distintas, por encima de todo control, y con los poderes del Estado siempre a su favor. Fueron los bancos quienes provocaron la crisis más catastrófica de la historia del capitalismo, fueron los bancos a quienes se rescató con nuestro dinero (en realidad fueron rescatados los bancos públicos, pero vete tú a hacer distingos a estas alturas, después del negocio que supuso para la banca privada quedarse con los activos y clientes de las Cajas) y son los bancos los que han demostrado que todo se pliega ante su poder absoluto.

Alguien podría recordarnos que aunque el Supremo nos hubiera dado la razón a los clientes, la banca se las habría apañado para hacernos pagar el impuesto subiendo las hipotecas, las comisiones o cobrándonos por darnos los buenos días. Sin duda es cierto. Pero esta decisión supone otro baldón más en la desafección creciente de los ciudadanos hacia sus instituciones. Algo funciona muy mal en un país donde también la Justicia se pliega ante el poder del dinero.

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