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El PP considera acreditado que los presidentes andaluces "pudieron poner fin al dispendio arbitrario de fondos públicos y no lo hicieron"

"Para conseguir la paz social y el rédito electoral del PSOE Instauraron un sistema para dar subvenciones que suponía ausencia total de cualquier procedimiento"

El Partido Popular, que ejerce la acusación en el caso de los ERE, considera que en el juicio de la pieza política ha quedado acreditado que los ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los consejeros acusados pudieron “haber puesto fin al dispendio arbitrario de fondos públicos por parte de Empleo y no lo hicieron”. “La responsabilidad in vigilando y el deber de control de los inferiores jerárquicos sitúa a los ex presidentes en lo alto de la pirámide”, ha señalado el abogado del PP, Luis García Navarro.

El Partido Popular lee su informe ante el Tribunal este miércoles. El letrado entiende que “las más altas instancias de la Junta” crearon un sistema para dar subvenciones que “suponía una ausencia total de cualquier procedimiento administrativo”, con lo que durante una década la Junta concedió ayudas sin bases reguladoras y sin publicidad, “de manera discrecional” para “la consecución de la paz social y el rédito electoral del PSOE”, ha señalado.

La instauración del llamado procedimiento específico a partir de 2001 supone para el PP “una huida del derecho administrativo, lo que les garantizó la ausencia de control de los fondos públicos con vulneración de los principios constitucionales, actuando con subjetividad, contrariamente a los intereses generales, con arbitrariedad y sin sometimiento alguno a la ley y el derecho”.

Ese procedimiento específico, que mencionó ante la jueza Alaya el ex consejero Antonio Fernández, suponía que el Gobierno andaluz cambió la forma de pagar ayudas directas a empresas y socio laborales; de forma que empezó a pagarlas a través de la agencia pública IDEA aunque quien las concedía era Empleo. El dinero llegaba a IDEA mediante transferencias de financiación. De esta manera los interventores de Empleo no fiscalizaban la ayuda porque figuraban como transferencias de financiación y no como subvenciones. Y los interventores de IDEA no podían acceder al expediente de concesión de la ayuda, que, por otro lado, no existía o estaba incompleto en la mayoría de los casos.

Estas ayudas, ha recordado el PP, no se publicaban y no podían conocerlas todos los ciudadanos.

El PP solicita seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente Griñán por los supuestos delitos de malversación y prevaricación continuados y 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves por supuesta prevaricación continuada.

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