Visto para sentencia

Motril

La fiscalía ha mantenido  su petición inicial de tres años y cuatro meses de prisión para los dos acusados por el accidente laboral ocurrido en 2014 en la fábrica de Ron Montero de Motril que se saldó con la muerte de un trabajador, mientras que otros dos resultaron heridos de gravedad.

Se trata de la entonces administradora de la empresa y el técnico de prevención de riegos laborales, que se han enfrentado a un juicio en el Juzgado de lo Penal 2 de Motril que hoy ha quedado visto para sentencia.

Los abogadas de los trabajadores heridos, que ejercen la acusación particular, han ratificado sus conclusiones provisionales, aunque han modificado sus peticiones rebajándola uno de ellos a una pena de cuatro años y seis meses de cárcel y el otro a algo menos de tres años de prisión, aunque mantienen las cantidades solicitadas en concepto de responsabilidad civil.

Por el contrario, las defensas de los dos acusados, así como de las aseguradoras, han pedido la libre absolución de ambos y, en el supuesto de condena, la rebaja de las indemnizaciones pedidas por la parte demandante.

La sesión de este jueves, que ha durado cerca de siete horas, ha comenzado con las dos pruebas periciales, la de un médico forense y la de un médico pericial aportado por una de las compañías de seguros.

En sus conclusiones finales, el Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de una pena total de tres años y cuatro meses de prisión por un delito de homicidio por imprudencia profesional grave y por otros dos de lesiones también con imprudencia, así como que indemnicen con más de un millón de euros a uno de los trabajadores y con 600.000 euros al otro por las heridas, secuelas y perjuicios físicos y morales ocasionados.

El fiscal ha considerado que no se cumplieron las medidas de seguridad necesarias por la empresa y que el servicio de prevención de riesgos laborales externo tampoco cumplió con su cometido, además de que existieron importantes carencias en medidas de seguridad.

La acusación de uno de los trabajadores ha bajado la petición a cuatro años y seis meses de prisión y ha mantenido la petición de algo más de un millón de euros de indemnización por los daños causados.

Ha mantenido que su defendido no era responsable de la prevención de riesgos laborales, como así lo declaró durante el juicio la administradora, y que la orden de trasiego en el bidón donde se produjo el accidente la dio la empresa.En el caso del técnico de prevención de riegos laborales, ha reseñado que él está para prever lo que podía ocurrir.

Por su parte, la defensa de la administradora de la empresa ha reseñado que no se ocultó información a la empresa encargada de redactar el plan de riesgos laborales, por lo que el servicio de prevención pudo adoptar las medidas que considerara oportunas. Y dice que ha quedado acreditado que se delegó toda la responsabilidad de los riesgos laborales en la empresa contratada para ello y en un trabajador que cumplía con esas funciones.

En cuanto al abogado del técnico de riegos laborales también acusado, ha considerado que su defendido hizo en todo momento correctamente su trabajo y que realizó las recomendaciones adecuadas tanto a los trabajadores como a la empresa, así como una advertencia en la evaluación que permitió que disminuyeran los riesgos en la fábrica.