Malestar en Fomento por el informe de la Abogacía del Estado sobre las ayudas del terremoto de Lorca

Lorca

No ha sentado nada bien en la Consejería de Fomento el informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre los plazos que tiene la administración para reclamar a los afectados por los terremotos de Lorca en 2011 la justificación o reintegro de las ayudas que recibieron para reparar sus viviendas.

La secretaria de esta consejería, Yolanda Muñoz, habla abiertamente de "deslealtad institucional" después de que el delegado del Gobierno, Diego Conesa, haya presentado estas conclusiones a la Plataforma de Afectados y al Ayuntamiento de Lorca. "No podemos hacer una valoración porque no nos ha llegado", ha dicho Muñoz lamentando que el informe no estuviera a disposición de la administración regional "que es quien gestiona todos los expedientes del terremoto de Lorca, más de 16.000 presentados por los afectados".

El informe de la Abogacía del Estado establece unos plazos para la prescripción de las reclamaciones (cuatro años a contar a partir de los seis meses tras la conclusión de las obras de reparación) más corto que el que hasta ahora venía aplicando la Comunidad Autónoma.

Muñoz ha recordado que la semana pasada el presidente regional Fernando López Miras se comprometió a solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Región sobre ese plazo de prescripción: "Seguramente será el mismo criterio que está siguiendo la Consejería, ya que es la aplicación de la ley", apuntaba la secretaria de la Consejería.

Choca esta postura con la del ayuntamiento, que hoy se congratulaba de las conclusiones de la Abogacía del Estado. La viceportavoz del equipo de Gobierno municipal, Fátima Mínguez, sostiene que, aunque el informe no es vinculante, "es positivo porque redunda en beneficio de los afectados por los terremotos".

Mientras tanto, desde la Plataforma de Afectados por la devolución de estas ayudas, su portavoz y concejala de IU-V, Gloria Martín, también mostraba su satisfacción por estas conclusiones de la Abogacía del Estado y pide que tras este informe "la Comunidad Autónoma determine de oficio qué expedientes han prescrito, proceda a su archivo y a la comunicación a los interesados".