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Caso Tomares

El Supremo archiva la causa contra el alcalde de Tomares

El senador José Luis Sanz, del Pp, no prevaricó ni malversó dinero público al firmar contrataciones de servicios municipales

EFE

Sevilla

El Tribunal Supremo ha archivado la investigación sobre el senador y el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, por las adjudicaciones que hizo el Ayuntamiento a la empresa Guerra 21 y otras sociedades ligadas a ella. El alto Tribunal considera que no existen indicios de que "sustrajera o consintiera que se sustrajeran caudales públicos". Tampoco hay indicios de que esos contratos fueran contrarios a derecho. Por tanto, el Supremo no abre causa penal contra el alcalde como solicitaba la Fiscalía.

José Luis Sanz "no ha tenido conocimiento de que se pagaban facturas por trabajos inexistentes", afirma el auto de archivo. "No hay indicios de que fuera conocedor del posible mal uso del erario público" porque son los concejales los que firman las facturas con el visto bueno previo del interventor del Ayuntamiento, explican los magistrados del Supremo.

Sanz:"Estoy muy contento. El Supremo ha puesto todo en su sitio"

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Sanz ha manifestado su satisfacción porque la Justicia ha hecho justicia y ha lamentado que este caso acabara con sus expectativas políticas.

El auto del Supremo es muy duro con la jueza de instrucción 8 de Sevilla, Reyes Flores. Se limita a "describir los hechos pero no menciona los indicios de criminalidad " y después de tomar declaración al alcalde ni siquiera la valora; "se limita a enviar la grabación del interrogatorio".

La Fiscalía le atribuyó la adjudicación de diversos contratos o prórrogas de los mismos sin expediente previo ni "antecedentes administrativos". "Las resoluciones o contratos, cuando los hubo, eran objetivamente contrarias a derecho, sobre todo por eludir groseramente todo procedimiento legal, realizando adjudicaciones directas donde la Ley no lo permite, aunque también por fraccionar contratos por importes inferiores, pretendiendo evitar el procedimiento adecuado en función de la cuantía originaria, vulnerando la Ley de Contratos del Estado o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal", señalaba el fiscal.

 
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