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Julián Muñoz vuelve al banquillo de los acusados por supuestas adjudicaciones irregulares

El exalcalde de Marbella se enfrenta la próxima semana a la petición de seis años de prisión por la adjudicación de obras municipales en perjuicio supuestamente del erario público municipal

Julián Muñoz entrando en la Ciudad de la Justicia de Málaga / ()

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz, se enfrenta la próxima semana a una petición fiscal de seis años de prisión por la adjudicación directa de obras municipales a un empresario en perjuicio supuestamente del erario público municipal.

El juicio comienza el lunes en la Sección Tercera Audiencia Provincial de Málaga y está previsto que en el banquillo de los acusados se sienten otras doce personas, la mayoría exconcejales del Gil (Grupo Independiente Liberal), el que fuera secretario municipal, así como un empresario marbellí, según el escrito acusatorio.

Fuentes judiciales han señalado a Efe que hay un principio de acuerdo con los exediles para ser condenados antes de que se inicie la vista oral si estos reconocen su actuación delictiva.

Este es el primer juicio que se celebra después de que la Audiencia Nacional estimara el recurso interpuesto por Muñoz y aceptara que el exalcalde cumpla el resto de la condena en su vivienda por motivos de salud, una medida de la que disfrutó casi un año y de la que se vio privado tras difundirse un vídeo en el que bailaba sevillanas.

En este procedimiento Julián Muñoz está acusado de los delitos continuados de prevaricación, de fraude de la contratación y de falsedad en documento oficial.

El fiscal mantiene que Julián Muñoz llegó a un acuerdo con responsables municipales y un empresario para la adjudicación directa de obras municipales a la mercantil Copasur SL "en condiciones idóneas para perjudicar los intereses patrimoniales de Marbella".

Con este objetivo, los acusados crearon deliberadamente una situación jurídica-fáctica adecuada y eficaz para ocasionar un grave perjuicio al erario público municipal.

Dicho concierto ilícito sólo fue posible gracias a la connivencia y aceptación de los gerentes de una sociedad municipal, quienes presuntamente autorizaron la contratación de obras y servicios municipales con pleno conocimiento de que se trataba de contrataciones directas, sostiene el ministerio público.

"Sin control ni intervención previa de los técnicos municipales, con opacidad y graves deficiencias en la ejecución y facturación de los servicios contratados", siempre según la versión del fiscal.

En total se adjudicaron siete obras, entre ellas a una guardería, al centro cívico, en el mercado municipal, biblioteca y un colegio, además de un convenio de permuta de bienes municipales por obra futura.

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