Los jueces y fiscales de Castilla-La Mancha van a la huelga

Toledo

Los jueces y fiscales de Castilla-La Mancha están llamados este lunes a una huelga. Será la segunda este año tras la del pasado 22 de mayo. Está convocada por las 7 asociaciones de las carreras judicial y fiscal tras ver que el nuevo gobierno tampoco ha asumido sus peticiones que pasan por más medios y más independencia. 

"La justicia sigue denostada. En el proyecto de presupuestos 2019 nada hace indicar que las partidas aumenten..." Así reza el comunicado emitido a todos los miembros de las carrerras judicial y fiscal. La situación en los juzgados va a peor, dice en la SER el juez decano de Toledo Juan Ramón Brigidano "La situación es conocida, falta de medios, de un proyecto, y de esa realidad que percibe la gente, politización etc...¿Qué ha cambiado desde la última huelga? Pues no ha cambiado nada." se lamenta.  

En cuanto a las peticiones laborales está la equiparación retributiva. Hay diferencias en función de en qué juzgado se trabaje. Por no hablar del pago de la guardias o del turno de oficio. "Un juez está de guardia una semana entera, el fin de semana, y según el cálculo no llega a dos euros la hora"  

Brigidano recuerda que el posicionamiento de cara a esta huelga es individual. En mayo la secundaron el 62 por ciento de los jueces y magistrados y se suspendieron 211 juicios.

La movilización está secundada por la asociación de Juezas y Jueces por la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

El Gobierno, en un intento por frenar la huelga, ha manifestado a las asociaciones que apoya una de las principales reivindicaciones que es la derogación del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pone fecha tope para desarrollar las instrucciones de las causas penales. Otra atañe a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que afecta a la recuperación de derechos laborales de jueces y fiscales tales como permisos, licencias de paternidad e incapacidades temporales. También piden que se reforme el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.