La Comunidad separa de sus hijos a una refugiada, víctima de malos tratos y con discapacidad física

Madrid

Fátima va en silla de ruedas desde los 15 años. Es de Alepo, Siria, y llegó a España huyendo de la guerra con sus tres hijos pequeños de 1, 5 y 9 años. Cuando llegó a Madrid los acogieron en un centro para refugiados de Alcobendas. Allí una educadora vio como su marido la maltrataba y lo denunció. A él le condenaron a 9 meses de prisión por malos tratos, pena que luego le conmutaron por una orden de no aproximación. Ella estaba, entonces, embarazada y con sus tres hijos menores. Fue en ese momento, en mayo de 2018, cuando la Comunidad decidió que Fátima no podía cuidar bien de sus hijos, asumió la tutela y se llevaron a los tres niños a un centro de menores. A ella la trasladaron, después, a una residencia para personas con discapacidad física donde aún reside hoy.

El pasado viernes dio a luz a su bebé en el Hospital Gregorio Marañón. A ella ya le han dado el alta, su niña está la incubadora y la recibirá en las próximas horas. Fátima está desesperada porque sabe que cuando llegue ese momento, la Comunidad se quedará con la tutela de la recién nacida.

Ana Ramírez, pedagoga y voluntaria de la Asociación Internacional de Ayuda Humanitaria, la ha acompañado durante las últimas semanas, intentando buscar una solución: "Fátima ha demostrado ser perfectamente capaz de cuidar de sus hijos. Necesita recursos. Va a ser separada de su bebé por ser mujer, refugiada, con discapacidad y pobre. Sobre todo por ser una mujer pobre, si tuviera recursos podría quedarse con su bebé". Ramírez asegura que la Comunidad, al tomar esa decisión, ha interpretado la discapacidad como un agravante, vulnerando sus derechos: "Deberían aplicar la Ley contra la Violencia de Género, protegerla y darle un recurso. Llevarla a un centro para mujeres maltratadas en el que pueda estar con sus hijos". Insiste en que lo que están haciendo "es ilegal" porque incumple con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

"Se está trabajando"

El gobierno regional conoce el caso. Asegura que "la retirada de tutela es una decisión de los técnicos de la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid, siempre velando por el interés superior del menor". La de ahora es una solución temporal porque insisten, desde la Consejería de Políticas Sociales, en que "se está trabajando para darle una solución integral tanto para la madre como para los hijos". Pero Fátima lleva desde mayo separada de sus niños.

La Cadena SER ha tenido, además, acceso al documento de la Comisión de Tutela del Menor en el que deciden retirarle a Fátima la tutela de los pequeños. La Consejería de Políticas Sociales reconoce que tiene una discapacidad del 86 %, que es víctima de violencia machista, pero no le ofrece un centro en el que vivir con los niños. Argumenta que "no es consciente de la situación" y que "se niega a ser ayudada por profesionales en el cuidado de los hijos". "Si se niega a ser ayudada, ¿por qué iba a pedirnos ayuda a nosotros?", se pregunta Ana Ramírez.

Para Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de Barrios, la decisión de la Comunidad de Madrid de asumir la tutela de los niños "es un desatino". "Fátima no puede caminar, está en sillas de ruedas, pero puede cuidar a sus hijos. Los ha salvado de la guerra. Los ha protegido todo este tiempo y ahora los pierde". Lo adecuado, según esta abogada y dada la situación de vulnerabilidad que vive Fátima, es primar que es una víctima de violencia machista, que necesita protección y ayuda: "Lo adecuado sería que pudiera estar en un centro de protección para mujeres, con los medios necesarios, donde pudiera quedarse con su hija recién nacida, para después hacer el reingreso de los otros tres".

Fátima va todas las semanas a ver a sus hijos. Recorre, con su silla de ruedas, 15 kilómetros, desde su residencia hasta la de ellos. Lo hace en transporte público, sin saber español y sin abono, porque aún no la han acompañado a realizar los trámites que le reconozcan su grado de discapacidad y el derecho a un abono transporte bonificado. "Ha demostrado con creces ser una mujer con una gran fortaleza, que es capaz de sobreponerse al robo de sus tres hijos, a la separación por maltrato de su marido y a ser superviviente de una guerra", asegura Ana Ramírez.

Fátima ha recurrido a varias asociaciones (Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, Asociación Internacional de Ayuda Humanitaria y Asociación Hispano árabe para el Desarrollo y la Cultura) estos últimos meses para que la ayudaran a no perder a su hija y a conseguir reagruparse con el resto.

El camino de Fátima

Fátima tiene 36 años. Es de Alepo, una de las zonas más castigadas por los bombardeos del régimen de Bashar Al Asad y por el grupo terrorista Daesh. Sale huyendo con su marido, su hija mayor y su madre. Después de pasar varios años en Turquía, donde nacen sus otros dos hijos, llega, de la mano de ACNUR, a España en 2017. Aquí solicitan asilo y les otorgan la protección internacional, con la que pueden residir y trabajar durante cinco años.

Viven en un centro para refugiados en Alcobendas, pero, después de la condena de su marido por malos tratos, en diciembre de 2017, y de la muerte de su madre, que fallece en el centro, deciden irse a Alemania, buscando la ayuda de su cuñado. En abril de este año las autoridades les devuelven a España, basándose en el Convenio de Dublín, y llegan sin acceso a ayudas. Este es, para la abogada Patricia Fernández, una de las principales injusticias en el camino de Fátima y de muchos otros refugiados a los que se les aplica el Convenio de Dublín: "Lo lógico es que a esta mujer se le otorgara la mayor protección. Tendrían que haberla readmitido en el sistema de acogida".