El Parlamento sabía cómo se pagaban los ERE y lo aprobó en las leyes de presupuestos

Sevilla

“No hubo ocultación al Parlamento. No se indujo a error a los parlamentarios. No existió un plan preconcebido para pagar subvenciones evitando la fiscalización previa” como sostienen las acusaciones en este juicio de los ERE. “El Parlamento fue quien aprobó” que las ayudas investigadas se pagaran mediante transferencias de financiación de Empleo a la agencia IDEA, como figuraba en el estado de gastos del anteproyecto de las leyes de presupuestos. Lo afirma ante el Tribunal el abogado de la exconsejera Magdalena Álvarez. Rafael Alcácer pide su absolución por un delito de prevaricación porque las leyes de presupuestos, donde se recogía la fórmula, deben prevalecer sobre la Ley de Subvenciones o la Ley General de la Hacienda Pública, en base al principio de especialidad.

Las acusaciones, en cambio, argumentan que no era posible abonar subvenciones mediante transferencias de dinero de Empleo a la agencia IDEA y sostienen que con ello los políticos impedían a la Intervención de la consejería fiscalizar la transferencia, de forma que se favorecía el fraude.

Alcácer sostiene que aunque la ley de acompañamiento de los presupuestos "dijera lo que dicen que dice", lo "relevante es lo que aprobaban las leyes de Presupuesto" que año tras año consignaban unas transferencias de financiación de Empleo a IDEA para pagar las ayudas que daba la Dirección de Trabajo, unas leyes de Presupuesto que aprobaba el Parlamento.

"En el relato de la acusación no sólo estamos ante un Parlamento engañado año tras año por el pérfido Ejecutivo sino ante un Consejo de Gobierno esquizofrénico que con la mano izquierda aprobaba un proyecto de Presupuestos fraudulento, dirigido a eludir la fiscalización, y con la mano derecha acordaba un Proyecto de Ley en el que se incluía la norma precisamente defraudada así como otras medidas dirigidas precisamente a prevenir el fraude", ha ironizado.

El letrado de Álvarez ha explicado que fue Empleo quien decidió emplear transferencias de financiación para pagar esas ayudas que concedía su dirección general de Trabajo. “Fue una decisión legal”, ha dicho. Hacienda luego la recoge en el proyecto de presupuestos porque “los de Hacienda no son sumos sacerdotes del crédito”. “Las irregularidades en la gestión son independientes de los créditos presupuestarios y del instrumento presupuestario”, de ahí que no pueda hablarse de un “procedimiento específico” para pagar las ayudas directas a empresas y ayudas socio laborales. “Son procedimientos diversos y diferentes. La fase de ejecución nada tiene que ver con la fase de preparación” del presupuesto, que era lo que hacía Hacienda, según esta defensa. “No se ha acreditado que Magdalena Álvarez tuviera conocimiento de la gestión de estas ayudas que hacía Empleo y, menos aún, de las supuestas irregularidades en que pudo incurrirse”, ha insistido.

Rafael Alcácer ha rechazado que Álvarez conociera el convenio marco de 2001, donde quedó establecida la fórmula de pago de los ERE.

Anticorrupción solicita 10 años de inhabilitación para Magdalena Álvarez por un supuesto delito continuado de prevaricación.