Una mujer reclama 293.354 euros a Sacyl porque le arrancaron el uréter en el Hospital de Palencia

Palencia

El Juzgado Número 1 de Palencia celebra el próximo día 21 la tercera y última de las sesiones del juicio civil que se sigue contra una compañía aseguradora de Sacyl a la que una mujer de 35 años, M. B. G., pide 293.354 euros tras las graves lesiones que sufrió a consecuencia de lo que considera «una ejecución negligente del acto quirúrgico», después de que en un legrado que se le realizó en el Hospital Río Carrión de Palencia tras un parto se le perforase el útero y se le arrancase el uréter creyendo que eran restos de placenta, según publica El Norte de Castilla.

Los hechos que se juzgan se remontan al 6 de abril de 2015, después de que, al realizársele a M. B. G. una ecografía de control de la gestación, el ginecólogo decidiera ingresar a la gestante en el Hospital Río Carrión de Palencia para inducción al parto, ya que apreciaba escaso líquido amniótico, recomendando la extracción del bebé para evitar riesgos. El día 9 de abril de 2015, al despertar, M. B. G. rompió aguas y sobre las 19:45 horas nació la niña mediante ventosa, puesto que a pesar de la dilatación de la madre, el feto continuaba en posición algo elevada. Tras el expulsivo, una ginecóloga advirtió de que la placenta no salía por sí sola, por lo que procedió a la extracción manual.

La gestante pasó a planta sobre las 22:57 horas, presentando un sangrado abundante, y en días posteriores, mientras permanecía aún ingresada, la paciente expulsó varios coágulos sanguíneos. Así continuó hasta el 13 de abril, cuando se le realizó una ecografía de control y el ginecólogo indicó que no quedaban restos y retiró el antibiótico pautado, diagnóstico ecográfico que fue «absolutamente erróneo», según la demandante, que recibió el alta ese mismo día, según publica el rotativo.

Ya en su domicilio, el 15 de abril, M. B. G. expulsó un coágulo y, dado que ese mismo día tenía cita con la matrona, aprovechó la ocasión para referirle lo ocurrido y esta le comentó que no era normal, si bien la recomendó esperar a ver la evolución. Sin embargo, M. B. G. no se quedó tranquila y consultó a una ginecóloga privada, que le indicó que acudiera inmediatamente al Servicio de Urgencias del Hospital Río Carrión.

Según la demandante, tras explicarle estos episodios al médico de guardia, esperó a ser vista por un ginecólogo, quien le realizó una ecografía en la que dijo «ver algún resto». M. B. G. fue dada de alta con el diagnóstico de sangrado vaginal puerperal y se le mandó pedir cita pasados dos días, indicándole que «posiblemente fuera necesario realizarle un legrado si se confirmaba que quedaban restos placentarios». El 17 de abril acudió al hospital y nada más realizársele una ecografía abdominal, se advirtió la presencia de múltiples restos placentarios y M. B. G. fue conducida a la consulta de una ginecóloga, quien le indicó que se le iba a practicar un legrado esa misma tarde.

Al día siguiente, se le realizó una ecografía de control en la que, según la demandante, se seguía «viendo algo», pero se decidió esperar otros días para repetir la ecografía. El 20 de abril se repitió la ecografía y se le informó de que se apreciaban nuevamente restos placentarios, por lo que se le realizó un nuevo sangrado esa misma mañana. La demandante asegura que la ginecóloga anotó que, durante la intervención, se perforó el útero, extrayendo junto con la pinza de Winter un trozo de uréter, suspendiendo la intervención.

Tras el segundo legrado, la demandante despertó en la REA, con fortísimos dolores y muy aturdida. Más tarde acudió un ginecólogo, que le explicó que durante la realización del legrado se le había perforado el útero y arrancado el uréter, motivo por el que se le trasladó al quirófano de nuevo para realizarle una exploración por laparoscopia, visualizando el útero perforado y la falta de un trozo de uréter.

A la paciente hubo que extirparle el útero, realizarle ligadura ureteral del riñón izquierdo, sin conseguir colocar una sonda, y precisó transfusiones de sangre. Según la mujer, a su familia le dijeron que, ante la situación de la paciente, se le iba a derivar al Servicio de Urología del Hospital Clínico de Valladolid. Según la información publicada por El Norte de Castilla, el 22 de abril fue trasladada a Valladolid para la realización de un autotrasplante con nefrostomía percutánea.

Al finalizar la operación, fue nuevamente trasladada al Hospital de Palencia, y a su llegada se advirtió que por la bolsa de la sonda no salía orina, procediéndose en el Servicio de Urología a realizarle una limpieza superficial de la bolsa, «comentando que quizás no saliera la orina por un coágulo o una pequeña piedra», según asegura la mujer en su demanda. El 30 de abril se informó a la paciente de que sería dada de alta el 2 de mayo con indicación de volver el día 4 para retirar el resto de puntos. Al recibir el informe el día 2, la mujer dice que «leyó por primera vez que se le había practicado una histerectomía, conservando anejos».

El 12 de mayo de 2105, M. B. G. acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Valladolid, quedando ingresada con el diagnóstico de pielonefritis aguda de riñón izquierdo, el que estaba sondado. El 18 de mayo, ingresó nuevamente para continuar con las pruebas preoperatorias y el 16 de junio ingresó de nuevo para cirugía de nefrectomía y autotransplante del riñón izquierdo, que se realizó al día siguiente.

Estéril de por vida

Tras esta cirugía, la paciente incide en que acudió a numerosas revisiones en diferentes servicios tanto para control postquirúrgico como por complicaciones derivadas de todo el proceso médico vivido y que, a día de hoy, sigue incursa en todo su proceso médico, pendiente de nuevas intervenciones y continúa sin sensibilidad en el abdomen y en la pierna derecha.

Además, su abdomen sigue muy inflamado, con múltiples cicatrices y las más de cien grapas de suturas quirúrgicas, y la mujer sigue terapia con una psicóloga, pues sufre «miedo, inseguridad ante la incertidumbre de su futuro y sufre porque sabe que no podrá volver a tener hijos, al haber quedado estéril por la pérdida del útero».

La demandante considera que el segundo legrado era «totalmente innecesario y, además, la causa de todas las lesiones ocasionadas». Por ello, solicita un total de 293.354 euros. De ellos, 204.545 euros por secuelas físicas y funcionales; 50.000, por perjuicio moral por pérdida de calidad de vida y 18.809, por lesiones temporales e intervenciones quirúrgicas, más otros 20.000 euros por ausencia de información.