Sobre el caso grúas
Santa Cruz de Tenerife
El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la retroactividad de la pérdida de aforamiento, negándole validez legal. Ha sido muy claro y contundente al fijar : ha deja caer un jarro de agua fría sobre quienes –incluyendo las magistradas del TSJC que votaron por la pérdida de aforamiento de Clavijo en el ‘caso grúas’- creen que el cambio de situación de un aforado puede ser aplicada con carácter retroactivo. El presidente del TSJC, Antonio Doreste, que elaboró un voto particular calificado con desparpajo como “farragoso” por el fiscal jefe Garrido, estaba en su voto en sintonía con la posición del Consejo. El asunto no es baladí: al final, de lo que se trata es de saber si hubo o no hubo delito en la decisión del Ayuntamiento de La Laguna de conceder un préstamo en formato de adelanto sobre la fianza depositada previamente a la empresa concesionaria del servicio de grúas. Personalmente, creo que cualquier tribunal está en condiciones de contestar a esa pregunta, pero es cuando menos sospechoso que –cuando la jueza y el fiscal de La Laguna la contestaron negativamente- la Audiencia provincial de Tenerife decidiera exigir una revisión. Pero ahora sabemos que el fiscal jefe del TSJC se reunió con la fiscal general del Estado y hablaron del ‘caso Grúas’, lo ha reconocido el propio Garrido. Y sabemos también que la Fiscalía del Estado solicitó a Garrido que no aceptara el informe exculpatorio de su segundo, y esperara hasta la publicación del Estatuto de Autonomía para suspender el aforamiento de Clavijo y devolver la instrucción a La Laguna. Si a eso sumamos las irregularidades, retrasos, incluso confusiones de fecha del fiscal y la insistencia en aplicar con carácter retroactivo la suspensión de aforamiento, lo razonable es sospechar que en toda este historia ha habido una mano negra. O varias.
