La normativa que regula las macrogranjas al contencioso administrativo

Benavente

Ecologistas en Acción ha recurrido, finalmente, ante el contencioso administrativo el decreto de la Junta de Castilla y León que simplifica la concesión de permisos a determinadas industrias agroalimentarias, determinando las condiciones ambientales mínimas y el régimen de comunicación ambiental.

Un decreto, que según la organización ecologista, está recibiendo una severa contestación social por parte de los colectivos vecinales de distintas localidades que rechazan la instalación en sus municipios de las macroexplotaciones de porcino por su impacto ambiental.

En la jornada del martes, la Consejería de Medio Ambiente someterá a información pública la solicitud de autorización ambiental y estudio de impacto de las dos explotaciones que la empresa Decamed Trading proyecta en el término municipal de Toro. Dos granjas de ibérico de cría para 2600 reproductoras y casi medio millar de reposición, cada una de ellas.