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El Gobierno Vasco acusa a su ex director Sanchez Robles de malversación en el "Caso de Miguel"

El letrado del Gobierno Javier Otaola, destacó que las tres empresas pantalla de los principales acusados se organizaron como "un cártel"

-Iosu Arruti, Gorka Errasti y Estibaliz Arruti (de i a d), acusados en el proceso conocidp como "Caso de MIguel" / ()

 El letrado del  Gobierno Vasco en el "caso De Miguel" considera acreditado el delito  de malversación en los contratos firmados por la presunta red corrupta con el Ejecutivo de Vitoria y determinaba la cantidad que se debe devolver a la Hacienda general vasca en 146.230 euros.

El letrado Javier Otaola que representa al Gobierno Vasco, presentaba su informe final en este juicio y reconocía, que era la primera vez en 30 años de carrera que debía acusar a un director del Gobierno Vasco, en alusión a Xabier Sánchez Robles, el que fuera director de Juventud con Juan José Ibarretxe,  y en el que ha centrado su argumentario.

Los contratos sobre los que pivota la acusación del Gobierno y la fiscalía forman parte de uno de los bloques en los que se han dividido este juicio. Según la Fiscalía, tres de las supuestas empresas pantalla de la trama (Kataia, Errezal y Ortzi Muga) lograron a dedo una veintena de contratos menores del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco entre 2003 y 2009, y la mayoría no consta que se llevaran a cabo.

Eso sí, el abogado del Gobierno ha excluido a Gurutz Larrañaga, exviceconsejero de cultura de esta reclamación porque en su opinión ha sido una "víctima más del abuso de confianza que utilizó Sánchez Robles para su propósito".

El Gobierno Vasco mantiene para el resto de los acusados la acusación de  "cooperadores necesarios" (De Miguel, Ochandiano, Tellería, Iñaki San Juan y Josu Montes), y ha excluido de la malversación a las mujeres de los tres principales acusados, Araceli Bajo, Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu.

Según ha indicado los 146.230 euros con sus correspondientes intereses legales tienen que ser reclamados.

La Diputación de Bizkaia, personada también como acusación particular en este juicio, ha rebajado de un total de seis años a un año y tres meses de cárcel la pena que solicita para los dos imputados de este macroproceso a los que acusa de delitos fiscales, los empresarios Josu Arruti Odriozola y Josu Arruti Letemendia

 

 

 

 

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