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La plataforma Stop 5G no obtiene respuesta del Ayuntamiento sobre las consecuencias de esta tecnología

El movimiento contra la implantación del 5G afirma que el consistorio rechaza contestar a sus preocupaciones sobre las posibles repercusiones sobre la salud de las personas por el despliegue de esta nueva red de telefonía

Imagen del centro de Telefónica en Segovia donde se ha instalado la primera antena 5G /

La plataforma señala que recientemente han tenido noticias de la instalación en Segovia de la primera antena 5G de España y de una prueba en el campus de la UVA de un nuevo caso de uso dentro del Proyecto Piloto Ciudades Tecnológicas 5G fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Segovia con Telefónica.

Ana Marcello, diputada en el Congreso del Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes, ha presentado varias preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno. En ellas se interesa por el proyecto Piloto Ciudades tecnológicas 5G que se está desarrollando en Segovia: ¿Por qué han sido elegidas Segovia y Talavera para probar esta tecnología durante dos años? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Ha sido valorado por algún comité asesor? ¿Por qué no se ha creado el Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud que la Ley de Telecomunicaciones de 2014 preveía para velar por temas relacionados con la salud relativas a telecomunicaciones y en el que debían estar representados Ayuntamientos y Comunidades Autónomas? ¿Cuáles han sido las vías utilizadas para informar a la ciudadanía sobre el proyecto 5G tal y como supuestamente tiene que hacer el Comité Interministerial?

En su respuesta por escrito el Gobierno contesta: “Finalmente, se informa que el piloto de tecnología 5G que se está desarrollando en Segovia no emana de ninguna medida desarrollada o impulsada por la Administración General del Estado dentro del Plan Nacional 5G.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo también requirió al gobierno anterior y en concreto al Ministerio de Sanidad, hasta en tres ocasiones, para que se constituyera dicho “Comité Interministerial sobre radiofrecuencias y Salud”, y ante la no aceptación de su propuesta, ha iniciado una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (Ministerio de Economía y Empresa) relativa a la evaluación de los efectos ambientales y sobre la salud del despliegue de la tecnología 5G.

Cabe señalar en este sentido que la semana pasada la Plataforma STOP 5G Segovia realizó una pregunta al Pleno Municipal que se celebra el 30 de noviembre que no ha sido admitida a trámite. El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento contempla que cualquier ciudadano o asociación puede realizar una pregunta al Pleno que ha de ser leída y contestada al final de sesión una vez admitida. En el texto de la pregunta formulada y rechazada por el Ayuntamiento, tras recoger la respuesta que el gobierno ha dado a Ana Marcello y las gestiones realizadas por el Defensor del Pueblo, se señala:

“Entendemos que eso comporta que no existe un control sobre el despliegue experimental y sobre sus consecuencias para la salud ni desde el Ayuntamiento (que alega no tener competencias para ello) ni desde el Gobierno.

Se acaban de publicar los resultados de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Toxicología de EEUU sobre los efectos de las tecnologías 2G y 3G en ratas, unos 30 y 15 años después de su introducción, confirmados por otro estudio del Instituto Ramazzini. Se ha visto que provocan tumores de corazón y de cerebro, lo que viene a confirmar los estudios epidemiológicos realizados por Hardell en humanos. Entendemos que esos estudios deberían hacerse antes de la introducción del 5G, no 30 años después.

En España, la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, que eliminó las licencias medioambientales para las antenas de telefonía móvil, única vía de control democrático que existía, y las sustituyó por una "declaración responsable de las operadoras", determinaba la creación de un Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud integrado por el Ministerio de Industria, el de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III, expertos científicos, Comunidades Autónomas y representantes de los Ayuntamientos y de los ciudadanos. Han pasado más de cuatro años y ese comité no se ha creado, a pesar de tres requerimientos del Defensor del Pueblo al Ministerio de Sanidad. No existe pues un órgano legal que esté haciendo un seguimiento sobre las repercusiones de estas tecnologías sobre la salud.”

El texto concluía con las siguientes preguntas dirigidas al Pleno:

Telefónica sólo está haciendo un seguimiento técnico del despliegue experimental del 5G ¿Va a implementar nuestro Ayuntamiento, o va a exigir a Telefónica, dada la gravedad de todo lo expuesto, alguna medida de seguimiento sobre sus consecuencias para la salud y el medio ambiente?

- ¿Va a realizar un mapa radioeléctrico con seguimiento de contaminación electromagnética, censo de antenas, zonas sensibles afectadas, etc., antes y después del despliegue?

- ¿Va a exigir a Telefónica y a hacer público el Plan de Despliegue y las pólizas de responsabilidad civil contratadas?

- ¿Ha contemplado, tal y como recomienda la Resolución 1815 del Consejo de Europa, la reserva de zonas blancas donde puedan vivir las personas ya diagnosticadas de sensibilidad electromagnética y aquellas que puedan enfermar en un futuro?

Por desgracia, lamenta la plataforma, el Ayuntamiento ha rechazado la pregunta y los ciudadanos no podremos escuchar cuál es la respuesta de nuestros ediles a todos estos interrogantes. Se ha iniciado así el despliegue de la primera antena 5G de España en Segovia con una grave falta de transparencia democrática y con numerosas incertidumbres sobre sus efectos para la salud y el medio ambiente.

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