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"Seguimos viendo la vivienda como un fondo de inversión y no como un derecho básico"

El director de Cáritas, Sebastià Serra, alerta de que se agrava el problema entre la población en riesgo de exclusión social y también en la Part Forana

El problema de la vivienda se está agravando entre las personas en riesgo de exclusión social. Es el aviso que lanzan entidades como Cáritas Mallorca, que alerta de que también se está extendiendo este problema de forma significativa en la Part Forana de la isla.

Según Cáritas, unas 85.000 familias en Balears tienen un problema de "inseguridad de vivienda". Esto quiere decir que tienen que convivir con otros familiares o están bajo una orden de desahucio. Las Islas, además, encabezan la lista de comunidades en las que hay mayor porcentaje de población en situación de exclusión social afectada por un problema de vivienda. Supera el 70% de este colectivo.

Después hay un 25% que tiene problemas de acceso a suministros básicos, como el gas o la electricidad. Es un porcentaje que ha aumentado 5 puntos desde 2016. Este año unas 400 familias han solicitado ya la ayuda del Govern para poder pagar sus recibos de la luz.

Esta mañana el director de Cáritas, Sebastià Serra, ha anunciado en A vivir que son dos días Baleares que de cara a 2019 se plantean ampliar el número de pisos de acogida disponibles, cuyo número actual es prácticamente testimonial.

La crisis, dice Sebastià Serra, ha dejado a su paso más desigualdad y la feminización de la pobreza, una situación que afecta especialmente a los inmigrantes, que representan más de la mitad de estas estadísticas.

El director de Cáritas considera que la nueva ley de Vivienda puede ayudar a resolver la situación, pero también afirma que las administraciones deben intervenir para proteger este derecho de los intereses lucrativos de las empresas, que ven en la compraventa de inmuebles una oportunidad de negocio.

Actualmente Cáritas gestiona tres pisos de acogida para personas en situación vulnerable, pero se plantea abrir otros en la Part Forana, en municipios como Inca. La alerta la han dado en las últimas semanas los trabajadores sociales, que también se hacen eco de los problemas de discriminación a los que se enfrentan los inmigrantes a la hora de tratar de alquilar un piso.

La entidad, junto con Cruz Roja, gestiona la inserción de los refugiados acogidos en las Islas. También este colectivo se enfrenta, asegura Sebastià Serra, a las dificultades para encontrar una vivienda tras finalizar el primer período de asilo.

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