La fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para Cursach
El escrito se presenta contra 24 personas, entre ellas varios policías
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EFE
PALMA
La fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para el empresario Bartolomé Cursach por delitos de pertenencia a grupo criminal, cohecho, prevaricación continuada y coacciones. El ministerio Público ha presentado el escrito de acusación por una de las piezas principales del caso, en las que acusa a 24 personas, entre ellas varios policías, de hasta 13 delitos. La acusación pública solicita también para el empresario 15 años de inhabilitación para todas las actividades relativas a la hostelería, así como una multa de 60.000 euros.
El escrito firmado por los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán también acusa al número dos de Cursach, Bartomeu Sbert, para quien pide también una pena de ocho años y medio. Los fiscales también quieren sentar en el banquillo a trabajadores de sus discotecas, agentes de la policía y funcionarios. Para el exjefe de la Policía Local de Palma, Joan Mut, los fiscales solicitan cuatro años y medio de cárcel y 22 de inhabilitación. Para la exdirectora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell, reclama una pena de inhabilitación de diez años.
La fiscalía sostiene que de forma continuada desde entre los años 2000 y 2016, los acusados dieron las instrucciones oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de obsequiar a funcionarios que tenían competencias sobre los negocios del empresario. Los fiscales afirman que Cursach y dos de sus subalternos decidieron y ordenaron proporcionar dádivas a los funcionarios municipales y autonómicos cuyas funciones podían perjudicar al grupo empresarial si se realizaban de forma correcta. La entrega de obsequios, dicen los fiscales, suponía la contraprestación de que debían favorecer los negocios del empresario.
El escrito narra diversas actuaciones de funcionarios del Ayuntamiento de Palma, conductas de los funcionarios de la Comunidad, actividades de la Policía de Palma contra empresarios de la competencia, actuaciones del grupo Cursach contra otros empresarios de Calviá, tratos de favor y dádivas a funcionarios de la policía. Entre las prácticas explicadas en el escrito destacan la realización de inspecciones a establecimeintos que hacían la competencia a los de Cursach y la exigencia de dinero a cambio de no poner multas.
La fiscalía también acusa a los agentes de policía de beneficiar al grupo Cursach dejando de sancionar iregularidades y presionando a los compañeros que imponían multas para que las retirasen. El escrito se dirige contra una quincena de agentes de policía. La fiscalía solicita la comparecencia de 142 testigos para el juicio.
