La fiscalía ve indicios de hasta 7 delitos en caso Desalinizadora de Escombreras

Murcia

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha apreciado indicios de hasta 7 delitos, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude entre ellos, en las actuaciones para la construcción y mantenimiento de la desalinizadora cartagenera de Escombreras.

En un informe entregado en el juzgado de instrucción que investiga los hechos, Maribel Neira señala que "no parece creíble que estemos ante un proyecto ejecutado por un grupo de personas encuadradas en la parte pública que actúa a espaldas de los órganos de gobierno, sin control de nadie y generando costes inasumibles".

La fiscal añade que las actas de las reuniones del consejo de administración de la sociedad anónima Desaladora de Escombreras, planta impulsada por el Gobierno autonómico murciano, "parecen apuntar más alto".

El informe, del que se ha dado traslado a las partes personadas, apunta los delitos citados, pendiente del análisis de documentación aún por recibir, y comenta que los indicios de criminalidad existen, pues en caso contrario ni el juzgado habría ordenado en su día registros ni las diligencias seguidas tras analizar la documentación incautada.

Esos indicios no se han visto disipados ni con la documentación aportada por el Gobierno de Murcia ni con la de las empresas constructoras ni con la de las defensas de los investigados, entre ellos, el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, agrega.

Al analizar los indicios de prevaricación, señala que aunque el destino inicial de las aguas procedentes de la planta era el industrial y algunas urbanizaciones, "al final el proyecto que se ejecutó estaba diseñado específicamente para abastecer de agua potable de alta calidad las redes de uso humano".

Indica también que la elección de la empresa Hydro Management como promotora de la construcción y de su contratista, Tedagua, por el Gobierno de Murcia no se sujetó a las previsiones legales aplicables en cuanto a publicidad y pública concurrencia.

"Presumiblemente -dice la fiscal-, quería una desalinizadora para su explotación en exclusiva y garantizarse los caudales necesarios para futuros proyectos urbanísticos, por lo que se adaptó el proyecto, para lo que se valió del Ente Público del Agua (EPA) y de sus empresas instrumentales", señala sobre el Ejecutivo autonómico.

Dice que el estudio de los convenios suscritos con más de una decena de municipios que demandaron agua de la planta ha arrojado "resultados muy reveladores, ya que supusieron el eje esencial de la fórmula financiera diseñada".

"Las necesidades perentorias de agua para consumo humano se evaporaron y los convenios con los ayuntamientos se quedaron en papel mojado", añade.

Para Neira, la empresa Desaladora de Escombreras se perfiló como sociedad instrumental que el Gobierno murciano habría creado al efecto para ser participada y los contratos suscritos desde que lo hizo a través del EPA en el proyecto de Hydro Management son presuntamente fraudulentos y la elección de esta empresa, "arbitraria".

Se eligió un modelo financiero "que ha sido y es ante todo una fuente constante de gastos", indica la representante del ministerio público, para quien muchas de las actuaciones llevadas a cabo, "que contenían cláusulas leoninas para la parte pública del binomio", se llevaron a cabo al considerarse que eran esenciales para que el grupo ACS ejecutara el proyecto.

El escrito concluye con la petición de que se acuerde la intervención judicial de la empresa para controlar sus ingresos y pagos y comprobar los que el Ejecutivo regional debe hacer periódicamente por el alquiler de la planta.

Apunta que una de las primeras actuaciones del interventor que se nombre debería ser un informe sobre los datos contables de gastos y pagos e ingresos realizados en 2018 y las previsiones de pago para 2019 "y con cargo a qué fondos se van a ejecutar".

Para el ministerio público, es precisa esa intervención judicial, ya que no existe ninguna otra medida menos gravosa capaz de ofrecer la misma eficiencia pretendida para esclarecer los hechos.