Ecologistas en Acción y organizaciones ciudadanas irán a los tribunales si la reforma de la Ley del Mar Menor reduce la protección

Media docena de colectivos ciudadanos y ecologistas han mostrado este lunes sus reticencias a la propuesta del PP de modificar la ley de protección del Mar Menor, y han advertido de que si la reforma supone una rebaja en las medidas para proteger ese ecosistema irán a los tribunales recurriendo a la ley nacional que da personalidad jurídica a la laguna.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa representantes de Ecologistas en Acción y de los colectivos ciudadanos Pacto por el Mar Menor, Alianza Mar Menor y YayoFlautas Murcia, apoyados también por las organizaciones Banderas Negras, Greenpeace, SEO Birdlife y la Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y Comarca (FAVCAC).

Aunque todos ellos han coincidido en reconocer que la actual ley 3/2020 de protección y recuperación del Mar Menor es insuficiente para garantizar la mejora del ecosistema, consideran que plantear su reforma no será más que una manera de dejar pasar el tiempo sin tomar medidas adicionales mientras se lleva a cabo una nueva tramitación.

En ese sentido, el portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, Pedro Luengo, ha recordado que ninguna de las leyes aprobadas en la comunidad autónoma para proteger la albufera litoral (la primera en 1987, más tarde en 2018 y la actual de 2020) han llegado a desarrollarse y cada una ha ido “reduciendo las garantías” que plantea la anterior.

En el caso de la ley actual, las medidas de mayor calado, como es la limitación en el uso de nitratos en la agricultura y la ordenación territorial de la cuenca vertiente, no se han aplicado en todo su periodo de vigencia, por lo que, en su opinión, “no es el momento de hacer otra ley, sino de cumplir” la que ya hay, evitando los tiempos muertos que supone una tramitación legislativa.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

No obstante, Ángela García, representante de Alianza Mar Menor, ha recordado que la laguna está protegido también por una ley nacional, la ley 19/2022 para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor, que surgió de la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la abogada y profesora de la UMU Teresa Vicente.

García ha recordado que esta norma dota de derechos propios a este ecosistema, por lo que si se promueve una ley regional que “no cumpla con los requisitos necesarios de protección”, podría ser recurrida ante la justicia.

De hecho, ha subrayado Ramón Pagán, de Pacto por el Mar Menor, los colectivos defensores de la laguna se reservarán el derecho de “llevar a los tribunales” una posible modificación de la ley regional actual si se rebaja el grado de protección actual.

Ha advertido además de que “el único responsable” de “todo el daño que pueda sufrir el Mar Menor por la demora en actuar en el origen del problema” por no aplicar la ley actual o por el retraso en elaborar una nueva será el Gobierno regional.

Por su parte, Anastasio Sánchez, miembro de YayoFlautas y de Banderas Negras, ha incidido en la necesidad de esa actuación en origen y ha lamentado la falta de inversiones autonómicas, que se constatan en los propios informes anuales del Ejecutivo regional, con partidas, por ejemplo, de 45.000 euros en todo 2022 para inspeccionar las explotaciones agrícolas y ganaderas de toda la cuenca vertiente, que se extiende por 1.300 kilómetros cuadrados.

El portavoz de Ecologista en Acción ha puesto el foco además en el contexto en que se produce la propuesta de modificar la ley, con un PP presionado por sus socios de Gobierno de Vox, que llevaron a la Asamblea Regional su propia iniciativa, y con las elecciones europeas en apenas un mes.

En su opinión, la creación de una comisión para elaborar una nueva ley es una “salida hacia delante” para no girar una crisis de Gobierno y a la vez no dañar su imagen ante los comicios.

Asimismo, ha lamentado que los expertos propuestos para hacer aportaciones a la ley generan una “sobre representación” del sector agrícola y ganadero, así como del propio PP, que gobierna en la mayoría de Ayuntamientos convocados, mientras que la parte social y científica están “muy limitadas”, lo que hace pensar que, “con esos componentes” en la comisión, la apuesta será por la “reducción de garantías” para la laguna.

En conclusión, las organizaciones verdes y ciudadanas consideran la propuesta de reforma de la ley “un paso atrás” para “contentar al sector de la agroindustria” y a los socios del gobierno autonómico, sin pasar por los órganos consultivos y dejando correr el tiempo para seguir sin aplicar las medidas fundamentales de la ley actual, por lo que será una “enorme pérdida de tiempo” a pesar de la alta vulnerabilidad del ecosistema.