El caso de la manifestante y el policía: La policía grabadora

La Policía, según fuentes consultadas para la instrucción periodística de este caso, descarta la posibilidad de instalar cámaras de vídeo en los uniformes de los antidisturbios que participan en manifestaciones susceptibles de derivar en enfrentamientos, a pesar de que se han publicado informaciones en ese sentido a raíz de cursos de fotografía y vídeo operativo, en los que han participado varias decenas de funcionarios de todas las Unidades de Intervención Policial, realizadas en la finca de Jaén donde se entrenan los GEO y los UIP.

Por el momento se seguirá grabando como se viene haciendo hasta la fecha, también por razones económicas del momento actual y no se ha aprobado ninguna partida presupuestaria específica para esta cuestión.

Una Ley Orgánica de 1997 y un Real Decreto aprobado dos años después, regula el uso de imágenes policiales en casos excepcionales de urgencia máxima, cuando se podrán obtener imágenes y sonidos con video cámaras móviles, dando cuenta en el plazo de 72 horas, mediante un informe motivado al máximo responsable provincial de las Fuerzas de Seguridad y a una Comisión presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma.

Además en el año 2006 se elaboró una Instrucción sobre tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras que establece que se debe respetar el principio de proporcionalidad, dando preferencia a otros medios menos intrusivos.