La desprotección de los consumidores
Esta semana he conocido el caso de una oyente que me cuenta que ante un problema de telefonía, de esos casos habituales que nos desesperan, nos indignan, nos hacen perder mucho tiempo, que hasta nos cuentan dinero en llamadas, que lleva enquistado meses, acudió a la OMIC de su ayuntamiento – no concreta – y la respuesta a su petición de ayuda, de asesoramiento, fue desalentadora, por no decir vergonzosa: “Es un problema suyo con una empresa”. Y no es un caso.
Es decir, ¿para qué están entonces los servicios de consumo de los ayuntamientos o las comunidades autónomas? ¿No se les paga para defender los derechos de los consumidores, para orientarles en sus conflictos en materia de consumo, para encauzarles, para buscar soluciones, para denunciar incluso a aquellos que se saltan a la torera normas, legislaciones, códigos de conducta?
Frente a comunidades donde sí se están cosas muy interesantes en materia de consumo, donde claramente se apuesta por defender a los consumidores, está claro que la tendencia mayoritaria en estos momentos, lamentablemente, es la contraria: menos medios, menos inversión en formación/cualificación en quienes deben defender a los usuarios, ya les gustaría en muchos casos todo lo contrario, menos dinero para las asociaciones… Es decir, menos protección.
Vamos, que mejor dejemos de molestar a quienes nos atropellan con hipotecas suelo, con preferentes, con cláusulas abusivas, con desahucios; quienes no engañan con ofertas llenas de trampas con la telefonía o la luz; quienes nos torean con los plazos de garantía de tantos y tantos productos; quienes se lavan las manos con pólizas de seguro que nunca cubren aquello que nos ha ocurrido en casa; quienes siguen vendiendo ilegalmente productos milagro; quienes se olvidan de los derechos de los pasajeros de los aviones… Vamos, que nos busquemos la vida. Pero el caso es que la vida del usuario frente a muchos grandes gigantes, con sus asesores y sus superdespachos abogados, es bastante complicada.
Quizá se trata de eso… Dicho esto, no podemos ni debemos facilitar éste desmantelamiento. Pese a todo, no nos queda otra que denunciar, denunciar y denunciar. De ninguna manera podemos renunciar a nuestros derechos.
