La firma de Angels Barceló del jueves 18 de diciembre

Madrid

El fiscal general del estado, Eduardo Torres Dulce, abandona. Dimite, dice, que por motivos personales, y el gobierno dice que respeta esta decisión. Los motivos personales son siempre tan ambiguos que pueden abarcar desde un problema de salud, a un problema familiar, a un hartazgo acumulado. Así que cada uno puede hacer su interpretación de los motivos personales que han llevado a Torres Dulce a dimitir.

Es el final previsto de una historia de desencuentros y de falta de sintonía que no podía escribirse de otra manera. Un gobierno bajo sospecha constante de interferir en la justicia, un fiscal general del estado que ha tenido que defender demasiadas veces la independencia de la justicia, ante una opinión pública que cada vez lo tiene más claro.

Presiones y ninguneo parecen ser los motivos de la ruptura con el gobierno, dimite o le dimiten, pero en cualquier caso deja en evidencia la escasa calidad democrática en este país, la escasa calidad democrática de este gobierno. Un gobierno que respeta las decisiones judiciales cuando le favorecen o cuando teme decir algo que le hunda más en el barro de su propia corrupción, pero que dicta el camino a jueces y fiscales cuando lo necesita. Con la querella contra Artur Mas por el 9 N, gobierno y PP la pidieron públicamente, con el caso Gürtel gobierno y PP maniobraron para intentar el cambio de dos fiscalas.

Es muy posible que la dimisión llegue no tanto por su defensa de la independencia sino que la fuerce el gobierno para quitarse de encima a un fiscal general que no les sigue a pies juntillas. Una muestra de su deterioro, acelerado estos últimos meses por la dimisión de dos ministros, las nuevas revelaciones del caso Gürtel y el escándalo de la salida a bolsa de Bankia.

La salida de un fiscal general del estado no es una anécdota. Es una pieza clave en el juego democrático. Torres dulce, hombre de larga trayectoria, conservador, designado por Alberto Ruiz Gallardón, deja el cargo posiblemente porque el gobierno le exigía lo que su ética no le permite dar. Una mala noticia para nuestra maltrecha democracia pero quizás una buena noticia saber que no todo el mundo cede a las demandas de Moncloa.