Razones no tan personales

Madrid

Una de las consecuencias buenas de la pérdida de la inocencia democrática de estos años de crisis económica y política es que los eufemismos ya no sirven, ya no cuelan. Y cuando escuchamos a algunos políticos decir que respetan a la Justicia, sabemos que es porque no pueden decir otra cosa, porque, cuando quieren, bien que discrepan de la Justicia -como en el caso de las excarcelaciones etarras- o en cuanto pueden, bien que tratan de controlar hasta donde pueden sus decisiones.

Después de los meses de tensiones y desencuentros que hemos visto, oído y contado entre el Fiscal General del Estado, el gobierno y el PP, es tomarnos por tontos pretender que demos por bueno que el Fiscal General dimitió ayer por motivos personales.

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Ahora que la memoria es tan frágil por el aluvión de grandes noticias que apenas nos da tiempo a deglutir, un par de datos de nuestro archivo reciente: Bárcenas está en la cárcel porque lo pidió el Fiscal, que fue más allá que la propia acusación, que se conformaba con prisión eludible con fianza.

Y sobre la querella a Artur Mas por la consulta del 9N, el Gobierno primero la frenó pero la foto de los catalanes en las urnas de cartón que dieron la vuelta al mundo, le entraron tales prisas que el 11 de noviembre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anunciaba: “La querella que hoy mismo se va a formalizar tiene unas bases jurídicas muy sólidas”. Y el Fiscal General se vio obligado a decir: “Los tiempos de la Fiscalía no son tiempos políticos ni mediáticos”.

Estos son los hechos graves, porque la separación de poderes es la base de la democracia. Ayer el Fiscal dijo que se iba por razones personales, y el Gobierno, incluido el presidente, corrió a difundir este argumento. Bien, quizás es que la decencia personal de Torres-Dulce le impedía seguir aguantando presiones o escuchando a líderes políticos anunciar las decisiones que sólo la Justicia puede tomar. En vísperas de un año electoral y con toda la vida política española pendiente de los tribunales, especialmente la vida política del PP, la dimisión forzada del Fiscal General es la peor señal posible para la credibilidad de los que dicen querer limpiar la vida pública española.