¿Por qué los enfermos de hepatitis C no están recibiendo un tratamiento?
Los afectados continúan su encierro mientras el Gobierno anuncia una reunión inconcreta
Decenas de enfermos de hepatitis C permanecen encerrados en el Hospital Doce de Octubre pidiendo el fármaco que necesitan. / EFE
Madrid
Los enfermos de hepatitis C están clasificados, clínicamente, según la gravedad de su dolencia; y ni siquiera quienes figuran en el peor de los extremos están recibiendo, ahora mismo, un tratamiento contra esta enfermedad crónica. Así las cosas, el comité de expertos anticipado por el Gobierno se reunirá el lunes, un año después de que se comercializara el Sovaldi: el medicamento de última generación que necesitan los enfermos y cuya patente está en manos de Gilead, una empresa norteamericana. Pero el anuncio no convence a quienes llevan encerrados en el Hospital Doce de Octubre desde hace semanas pidiendo el tratamiento, que continuarán allí y, de hecho, se manifestarán mañana.
Millás: 'El tratamiento de la hepatitis c cuesta menos que lo robado por Bárcenas'
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Aunque hay médicos que prescriben el fármaco, la Comunidad de Madrid no lo dispensa. Rubén Moreno, secretario general del Ministerio de Sanidad, declaró recientemente que 7.000 pacientes podrán recibir los medicamentos de última generación; sin embargo, son 30.000 los enfermos que, se estima, están gravemente afectados por la dolencia. "Estamos hablando de gente que muere", ha apuntalado Juanjo Millás, esta mañana, en Hoy por hoy. Once personas pierden la vida en España, cada día, debido a la hepatitis C.
Junto a él, Miguel Jara, periodista especializado en la industria farmacéutica y observador crítico con la lógica de las patentes. Aunque no fueron los laboratorios Gilead quienes descubrieron el medicamento que los enfermos reclaman, sí son quienes tienen sus derechos sobre él y quienes, al tiempo, reclaman 25.000 euros por un tratamiento cuya fabricación, en realidad, no alcanza los 115 euros, unas cifras muy superiores a las que preveía el laboratorio que elaboró la receta original. "Y en cualquier caso, nueve de cada diez fórmulas se encuentran en investigaciones públicas. La industria privada llega cuando estas resultan interesantes", recuerda Javier Bañuelos.
"Yo de las farmacéuticas no espero nada. Quiero que los políticos lo resuelvan. Si hay que expropiar, que se expropie", reflexiona Millás, pocos días después de que Pablo Iglesias, líder de Podemos, visitara el encierro en el Doce de Octubre y se mostrara partidario de esta posibilidad. Ni siquiera el extranjero se plantea como una vía para Antonio Rodríguez, portavoz de quienes protestan desde allí: "No es tan sencillo como pedirlo en una farmacia. Y es más, no quiero. Llevo toda mi vida cotizando aquí y tengo ese derecho".
La expropiación de las patentes no es el único camino, aunque la Organización Mundial de la Salud la recomiende en casos extremos. Los Estados también pueden pactar un precio justificado con quienes detentan la propiedad intelectual de los medicamentos. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, anunció recientemente que los hospitales de su comunidad prescribirán el fármaco siempre que lo permita la Agencia Nacional del Medicamento. Pero, como recuerda Bañuelos acerca de ese brazo del Ministerio de Sanidad, "esa oficina siempre se ha dado a la puerta giratoria, y eso dificulta las cosas".
