Rafik y el desamparo de los menores inmigrantes en España

Madrid

Rafik es un joven del norte de Marruecos que llegó hace cuatro meses a España entrando por Melilla. Tenía 17 años y una una clarísima apariencia de menor de edad. Allí se encuentra solo, viviendo en la calle. La policía lo detecta y lo envía directamente al centro de menores de La Purísima.

Él sueña con llegar a Madrid, así que solo pasa en Melilla diez días y se cuela como polizón en un barco que le lleva hasta Motril (Granada). Allí la policía lo detecta y lo inscribe en un registro de menores no acompañados, tomándole las huellas y una fotografía. Después, lo lleva de nuevo al centro de menores de la ciudad. Rafik se vuelve a escapar y, por fin, consigue llegar a la capital de España. 

En Atocha, la Policía lo vuelve a coger y lo lleva al centro de menores de Hortaleza, donde se pone en marcha el sistema de protección y se informa a la Fiscalía que en el centro hay un menor en situación de desamparo para que solicite la tutela por parte del Estado.

Es entonces cuando la Fiscalía pide que el niño comparezca y se le envía al Gregorio Marañón para realizarle las pruebas de determinación de edad: la radiografía de la muñeca (que señala que es menor), de la boca (que señala que es mayor) y la examinación de los genitales por parte del médico de la Fiscalía. Con esto, el Fiscal determina que el niño tiene 19 años, por lo que no coincide con la edad documentada por el registro civil de Marruecos: 17 años.

La Fundación Raíces denuncia que este joven ya estaba registrado como menor en Granada, así que caben dos posibilidades: "o la Fiscalía comprobó en el registro que era menor y no lo tuvo en cuenta; o no lo comprobó y ha incumplido su propio protocolo".

Cuando la Fiscalía dictamina que tiene 19 años, la policía lo detiene y lo lleva a los calabozos, pero la policía no puede expulsarlo porque está registrado con un NIE de menor - la Fiscalía y la policía habían creado dos NIE distinto para Raik: uno en el que es mayor y otro en el que es mayor-. "Cuando a estos menores se les saca del centro de menores, le deja de proteger por la Administración; pero al mismo tiempo, lo dejan en la calle con una documentación que dice que es menor, porque nadie se atreve a modificar esta documentación. No tienen asistencia sanitaria y no tiene representante legal, así que no pueden ejercer sus derechos. Están en un limbo. No pueden ni siquiera solicitar el permiso de residencia". 

"Hemos interpuesto una demanda contra el protocolo marco de actuación en materia de menores emigrantes no acompañados, sobre todo en lo referente al protocolo de determinación de la edad de los menores. Es un acuerdo entre el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio del Interior y, junto el Fiscal General del Estado y la Consejería de Asuntos Sociales", ha señalado Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces.

"Entendemos que este protocolo es contrario al art. 35 de la ley de extranjería , que tiene prevista la determinación de la edad solo cuando se trate de ciudadanos indocumentados y que por su apariencia física no se pueda saber si es menor o mayor. Ahora se hacen pruebas de determinación de la edad con personas documentadas con pasaportes e inclusos a ciudadanos que por su apariencia física sea claramente niños. Este protocolo, además, se firma unos días dispués de que el Tribunal Supremo dictase sentencia diciendo que se prohibían estas pruebas a a)personas indocumentadas e incluso a personas que tengan aspecto de menores".

La Fundación Raíces pide que se declare nulo e ilegal. Según señala Reyzábal, esta demanda ha sido admitida a trámite hace unos días en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sala de lo contencioso-administrativo.