Los expresidentes de 8 comunidades autónomas mantienen sus privilegios

Madrid

No solo los expresidentes del Gobierno gozan de privilegios. También pueden hacerlo los expresidentes de ocho comunidades autónomas. Aunque los recursos son dispares en función del territorio, y además se han ido reduciendo con la irrupción de la crisis y la nueva política, en algunas comunidades, como en Cataluña, siguen disfrutando de pensiones vitalicias.

En otras regiones, que no contemplan por ley ningún tipo de privilegio, los expresidentes tienen la posibilidad de formar parte de los Consejos Consultivos, como en Valencia, Galicia o Castilla y León. Por asesorar al Gobierno en materia legislativa cobran unos 70.000 euros al año.

Cataluña: retiro dorado

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Cataluña es el paradigma del retiro dorado que garantiza haber ejercido la presidencia de un parlamento autonómico. Y lo es gracias al “Estatuto de los Expresidentes” que Jordi Pujol aprobó en 2003 antes de jubilarse. Según este Estatuto, los ex presidentes de la Generalitat recibirán el 80% del sueldo que corresponde a su cargo durante la mitad del tiempo que lo ejercieron y como mínimo una legislatura. A partir de los 65, y en concepto de jubilación, esa cantidad pasa a ser del 60%. También disponen de los recursos necesarios para mantener una oficina. Actualmente, solo Pasqual Maragall disfruta de esos privilegios. José Montilla es senador. Pujol tuvo que renunciar a ellos tras confesar que tenía una herencia millonaria sin declarar en el extranjero; renunció a los 80.000 euros de sueldo por haber ejercido el cargo durante 23 años, abandonó el despacho que tenía en el paseo de Gracia, el coche oficial y el chófer.

Euskadi: complemento de jubilación, oficina, secretaria, coche y chófer

En Euskadi la Ley del Gobierno contempla un complemento de jubilación para los exlehendakaris. Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza lo perciben y además disponen de oficina, secretaria, coche y chófer. El exlehendakari Juan José Ibarretxe trabaja actualmente en la universidad y acaba de renunciar a la oficina y a la secretaria, pero mantiene automóvil y conductor. Su sucesor, Patxi López, conserva únicamente servicio de seguridad de la Ertzaintza a modo de escolta.

Castilla La Mancha: solo José Bono hace uso de los recursos de expresidente

En Castilla La Mancha los expresidentes pueden disponer de una secretaría de apoyo dotada con dos personas, un local de oficina, un conductor y un automóvil de representación perteneciente al parque móvil de la Junta. Ni José María Barreda ni María Dolores de Cospedal han hecho uso de estos privilegios. Ambos renunciaron a ellos voluntariamente antes de dejar el cargo. El único que los ha usado es José Bono. Según Emiliano García Page, actual presidente de la Comunidad, Bono le remitió antes de las elecciones del 24 de mayo un escrito anunciándole que renunciaba a ellos. Pero a pesar de la insistencia de la Cadena SER en Castilla La Mancha, ese escrito todavía no se ha mostrado públicamente. Además, el mes pasado el PSOE se opuso a una ley propuesta por Podemos para suprimir los privilegios.

Francisco Camps cobra 70.000 euros del Consejo Consultivo

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En Valencia, todos los expresidentes que hacen uso de los privilegios establecidos por ley son del Partido Popular. Alberto Fabra recibe un sueldo como senador, pero la Generalitat pone a su disposición una secretaria, despacho y coche oficial. Otros dos expresidentes, José Luis Olivas y Eduardo Zaplana, no disfrutan de ninguna prerrogativa ligada al cargo porque renunciaron de forma voluntaria. Zaplana es ahora consejero de Telefónica. Olivas fue detenido este verano junto con otros exaltos cargos de Bancaja y de Banco de Valencia, acusados de estafa y malversación. El socialista Joan Lerma es senador y percibe un sueldo como tal. Francisco Camps, quien dimitió como presidente por el ‘caso de los trajes’, forma parte del Consejo Jurídico Consultivo de Valencia, un órgano que sirve para asesorar al Gobierno en materia legislativa. Cobra por ellos unos 70.000 euros anuales y tiene coche oficial. En las Cortes valencianas, Podemos, Compromís y Ciudadanos quieren acabar con todos estos privilegios.

Gerardo Albor, consejero a los 100 años en Galicia

Tres expresidentes gallegos son miembros del Consejo Consultivo de Galicia: el popular Gerardo Albor, que tiene casi 100 años, y los socialistas Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño. Por esta labor perciben un sueldo de 58.000 euros al año y tienen derecho a secretaria y despacho. Los presidentes gallegos también tienen derecho a las llamadas “cesantías”. Pueden cobrar un sueldo durante los dos años siguientes a dejar el cargo. Ese salario supone el 60% del sueldo que percibían en activo, que está en torno a los 76.000 euros anuales. Durante ese período tiene derecho a coche, asistente y secretario/a. Si deciden hacer uso de esa compensación no pueden formar parte del Consejo Consultivo. Es incompatible.

En Castilla y León ocurre algo similar. La ley no concede ningún privilegio a los expresidentes, pero sí tienen la posibilidad de formar parte del Consejo Consultivo, como hizo el socialista Demetrio Madrid hasta su jubilación. Percibía 70.000 euros anuales. El resto de ex presidentes ocupan otros puestos en la Administración: Jesús Posada es el actual presidente del Congreso de los Diputados, Juan José Lucas es presidente del Senado y José María Aznar dispone de los privilegios de ex presidente del Gobierno.

En Navarra, como en Galicia, los presidentes del Gobierno tienen acceso a las “cesantías”, que pueden percibir tras dejar el cargo si no regresan a una vida laboral privada. Según esa atribución, perciben el equivalente al 80% de su sueldo durante un máximo de dos años. Yolanda Barcina no la está cobrando porque se reincorporó como profesora de la Universidad Pública de Navarra nada más dejar el cargo. La ley autonómica contemplaba también que los ex presidentes dispusieran de coche oficial con chófer y escolta. Pero el nuevo Gobierno de Uxue Barcos ha restringido este uso. Solo los dos últimos ex presidentes, Sanz y Barcina, pueden utilizar el coche oficial, y solo en territorio navarro.

Monago e Ibarra siguen teniendo asistentes personales pagados por el Gobierno

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En Extremadura, el antiguo “Estatuto de los Expresidentes”, aprobado en 2007, fue derogado en 2014. Desde entonces, los expresidentes no perciben salario alguno, no tienen seguridad asignada ni coche oficial. Pueden utilizar un automóvil de la Junta cuando lo soliciten y solo para tareas que tengan que ver con representación de la Comunidad Autónoma. Pese a que se han ido suprimiendo privilegios, los ex presidentes siguen teniendo la posibilidad de disponer de personal asignado a su cargo. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que no está en activo en cargo electoral alguno, tiene tres personas para asistirle. José Antonio Monago, que es diputado electo en la Asamblea, tiene dos personas trabajando para él. Podemos ha registrado una iniciativa para que los ex presidentes no tengan ningún privilegio una vez dejen de serlo. Probablemente entre en el pleno de la Asamblea la semana próxima. Y también con toda probabilidad no saldrá adelante porque, en principio, no la apoyarían ni PSOE ni PP.

Cifuentes envía al paro a Gallardón, González y Leguina

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Cristina Cifuentes decidió en septiembre de este año eliminar el Consejo Consultivo de Madrid, que ha sido refugio de varios presidentes, como Joaquín Leguina, Alberto Ruíz Gallardón e Ignacio González. Su decisión no sentó nada bien al socialista Leguina, que calificó de “barbaridad” la supresión de este órgano, donde cobraba 5.500 euros mensuales. La presidenta madrileña ha prometido elaborar un estatuto de expresidentes.

En Andalucía ya no perciben sueldo ni tienen coche oficial

Desde 2011 los presidentes de la Junta de Andalucía no gozan de ningún tipo de privilegio una vez abandonan el cargo. Antes disponían de una asignación mensual, casa y coche oficial. Manuel Chaves y José Antonio Griñán tienen escolta, pero son seguridad del Ministerio del Interior.

El murciano Alberto Garre está en el paro

La Rioja, Aragón, Cantabria, Asturias, Baleares, Canarias y Murcia no contemplan ningún tipo de privilegio para la figura del expresidente. El murciano, Alberto Garre, sucesor de José Ramón Valcárcel en el Gobierno del Partido Popular, no recibe ningún tipo de compensación por haber desempeñado el cargo y con 64 años está intentando poner en pie su antiguo despacho de abogados. En una entrevista con la Cadena SER aseguró: “El despacho no me dio dinero pero sí la posibilidad de, en un momento dado, decir: ¡Ahí os quedáis!”.