“El petróleo del siglo XXI son los datos personales”

Madrid

Mario Costeja era consultor empresarial cuando un amigo le llamó y le dijo: "sales en Google". Aquella llamada le cambió la vida. El buscador tenía una entrada en la que figuraba su nombre asociado a embargos -ya superados- de la seguridad social sobre unos inmuebles que compartía con quien ya no era su mujer. Costeja comenzó su pelea para que el gigante de California eliminara esa información inexacta y desfasada de la web.

Llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ganó."Hemos abierto la puerta a las nuevas generaciones para que puedan retirar sus datos", explica Costeja a preguntas de Macarena Berlín. Añade que "la libertad de expresión es sagrada y si un político mete la mano en la caja eso no se debería de borrar nunca pero también hay personas anónimas a las que hay que dar una oportunidad porque si tú quieres estar perfecto pero existe también el derecho de quien no quiere estar". Este consultor advierte de que "hay que pensar que la vida digital es una prolongación de la vida real y si no queremos que algo se sepa, simplemente no lo contemos" porque, subraya, "los datos personales son el petróleo del siglo XXI y todas las empresas tecnológicas juegan y comercian con esos datos".

Costeja llegó a su abogado, Joaquín Muñoz, después de visitar otros despachos y salir con muy mal sabor de boca: "era como si les estuviera hablando de viajar a la luna". Hasta que encontró a Muñoz, "un abogado del siglo XXI". Muñoz ha hablado de una "lucha ardua y una experiencia espectacular" hasta que consiguieron borrar los datos de su cliente. Ni el periódico que almacenó ese contenido desfasado, ni Google quisieron eliminar esas entradas. La agencia de protección de datos le dio la razón y los recursos de Google terminaron en el Tribunal de Luxemburgo que también les dio la razón.

Ahora Google, explica el letrado, "ha puesto a disposición de los usuarios un formulario para que puedan solicitar la retirada de sus datos". En caso de que no lo hagan se puede acudir a la agencia de protección de datos o a los tribunales. Joaquín Muñoz alerta de que "hay que mirar caso por caso porque no es un derecho absoluto y no basta con decir que no quieres estar en internet". Depende del contenido de la información -que sea inexacta o que esté desfasada- y del personaje porque un personaje público tiene menos derecho a la privacidad que uno que no lo es.