La supresión de los aforamientos de los políticos no convence a los jueces

Madrid

Una de las seis condiciones que Ciudadanos puso ayer al PP para sentarse a negorciar un posible sí a la investidura de Mariano Rajoy era la eliminación de los aforamientos. "Todos los cargos públicos que tengan que defenderse de un caso de corrupción política tendrán que ir a primera instancia. Se acabaron los privilegios, todos somos iguales ante la ley", anunció Albert Rivera.

Las personas aforadas no pueden ser juzgadas por los tribunales ordinarios, sino que acuden directamente a instancias superiores, como los tribunales superiores de cada comunidad —en el caso de los cargos autonómicos— o el Supremo —para los de carácter estatal—. Los contrarios a esta fórmula argumentan que, dado que varios miembros del Poder Judicial son nombrados a propuesta de los partidos políticos, los cargos públicos investigados podrían contar con un trato favorable a sus intereses. Por el contrario, los defensores del fuero explican que funciona como una suerte de blindaje democrático, ya que, en teoría, los órganos judiciales superiores son menos permeables a presiones de todo tipo y las decisiones tienen carácter colectivo; por lo tanto, con más garantías. Al ser juzgados directamente por instancias superiores, los aforados pierden la posibilidad de recurrir.

No hay un número exacto de personas aforadas en España, aunque se calcula que existen cerca de 10.000, la mayoría jueces y fiscales. Tienen esa condición los miembros del Gobierno de España y de los máximos órganos judiciales, los senadores, los diputados, y todos los contemplados en los estatutos de autonomía, principalmente parlamentarios autonómicos y miembros de los Ejecutivos regionales.

Las reacciones en la carrera judicial son variadas. En la Asociación Francisco de Vitoria creen que la propuesta es un brindis al sol que no mejoraría la lucha contra la corrupción. "El hecho de que desaparezcan los aforamientos tampoco es tan esencial ni tan práctica", explica Raimundo Prado, su portavoz, porque no implican ningún "privilegio procesal ni de ningún tipo".

Jueces para la Democracia sí defiende desde hace años una reducción del número de aforados y limitar la protección exclusivamente a las funciones del cargo. Ignacio González insiste en el principio de igualdad: "El juez predeterminado por la ley, que es el de todos los ciudadanos, debe ser en la mayoría de los casos el que deben tener la mayoría de nuestros representantes", argumenta.

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El aforamiento de los políticos no es exclusivo de diputados y senadores. Además, con el tiempo esa protección se extendió a cargos públicos autonómicos. Para Conrado Gallardo, que preside el Foro Judicial Independiente, se trata de un mecanismo perverso que hay que eliminar: "En esos aforamientos [los autonómicos] lo que se busca es una garantía de que el tribunal va a tener una visión amable, una visión contaminada, del juicio que se va a celebrar; esos son los que se deberían eliminar".

La asociación mayoritaria en la carrera judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, no comparte esa propuesta. "No entendemos que sobre estas premisas deba llevarse a cabo una distinción entre cargos institucionales, la estructura del Estado o los cargos autonómicos", asegura Celso Rodríguez, su portavoz. La clave, insiste, es que el aforamiento se limite a los delitos relacionados con el ejercicio del cargo. Ahí no entraría la corrupción.