Los CIES violan la ley de forma sistemática
Varios expertos denuncian la falta de control y la violación de los derechos humanos de los internos en estos centros
Las nueve: CIEs
33:13
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/001RD010000004322534/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Madrid
Los CIES son definidos como "establecimientos de carácter no penitenciario" que dependen del Ministerio del Interior. Se rigen por un reglamento aprobado en el año 2014, aunque existen desde 1985 desde la aprobación de la primera ley de extranjería.
En 1987 el Tribunal Constitucional desestimó un recurso interpuesto por el defensor del pueblo que solicitaba la inconstitucionalidad de estos centros por privar de la libertad a personas que no habían cometido ningún delito.
Varios expertos de extranjería destacan que el gobierno incumple la jurisprudencia del Constitucional con relación a los CIES, ya que la mitad de las personas que ingresan en los mismos acaban siendo expulsadas. En la actualidad hay siete CIES en España con capacidad para 2.400 personas.
El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, ha asegurado que van a trabajar por garantizar la seguridad y la legalidad de los CIES en la ciudad. "No se puede frivolizar, exigimos al Ministerio del Interior que se cumplan las garantías necesarias para los internos", ha asegurado Asens, que ha definido los CIES como "agujeros negros de la democracia en los que se violan sistemáticamente los derechos humanos". Asens ha añadido que los CIES son "una anomalía en sí mismos", por privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito.
Victoria Rosell es jueza de control del CIE de Barranco Seco de Las Palmas, y ha denunciado la falta de medios para controlar estos centros: "Somos 10 jueces para controlar todos los centros en España, y es un trabajo bastante ingrato", ha lamentado. "La dirección general de la policía desobedece nuestros autos y nuestros acuerdos, están incumpliendo las leyes y los derechos humanos", ha añadido Rosell.
