Varias acusaciones populares quieren que se reabra el 'caso Bárcenas', que investiga una caja b dentro del PP

Madrid

El primer juicio de la trama Gürtel se reanudará el próximo 16 de enero con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas. Su testimonio puede resultar clave para determinar el alcance de algo que se ha revelado en estos tres meses de interrogatorios y que no era, ni es, el objeto de la causa. Nos referimos a los nuevos indicios de financiación ilegal del PP nacional. Hay ya varias acusaciones populares que, en función de las nuevas revelaciones, han pedido en la Audiencia Nacional que se reabra el denominado caso Bárcenas, que investiga precisamente una caja b dentro del PP.

Las declaraciones de los principales imputados en la causa han desvelado el supuesto pago de comisiones ilegales que nutrían una de las cajas b del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de obras de Ministerios y Ayuntamientos. Nueve años de investigación del caso Gürtel, una trama masiva de corrupción que colonizó administraciones gobernadas por el PP, dejaron al margen, en una pieza separada, los supuestos pagos de comisiones ilegales para alimentar la caja b que controlaba el extesorero Luis Bárcenas y en la que se ingresaron más de 8 millones de euros. La causa que se juzga en la Audiencia Nacional tan sólo intenta esclarecer si el PP participó a título lucrativo, es decir, si se benefició de las tramas corruptas de Majadahonda y Pozuelo que financiaron mítines de la formación conservadora.

Sin embargo, los tres primeros meses de interrogatorios del juicio oral han abierto distintas vías de investigación, hasta ahora cegadas, sobre el enriquecimiento del PP con comisiones ilegales pagadas por constructoras a cambio de la adjudicación de obras públicas. El principal acusado, el considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, fue muy explícito en su primer día de declaración.

Ese testimonio ponía de un plumazo bajo sospecha la limpieza en la gestión de algunos de los ministros del Gobierno Aznar, que adjudicaron supuestamente obra pública a constructoras que, posteriormente, donaron dinero negro al Partido Popular. Al día siguiente, insistió dando nombres de constructoras directamente.

Recordemos que dos jueces de la Audiencia Nacional -Pablo Ruz primero y José de la Mata después- no pudieron acreditar durante la instrucción de la causa los sobornos pagados por constructoras a la caja b del PP a cambio de obras públicas. Sin embargo, eso es exactamente lo que han contado ahora algunos de los protagonistas de esa supuesta trama, algo que, por el contrario, han negado rotundamente las grandes constructoras a través de varios comunicados.

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Sin embargo, no fue sólo Francisco Correa quien hizo esa revelación. La semana pasada llegó otra declaración en la misma línea. Ésta si cabe, más directa de la vinculación del PP con este asunto. El protagonista fue el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien aseguró que el que fue tesorero del PP Álvaro Lapuerta le indicó que beneficiase a unas empresas determinadas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes de grandes cantidades de dinero negro.

El problema de la denuncia de Guillermo Ortega es que Álvaro Lapuerta, que es el único que podría aclarar esos hechos, ha sido excluido del juicio y se ha archivado la causa contra él por "demencia sobrevenida".

Antes de estas declaraciones de Francisco Correa y Guillermo Ortega, el juicio Gürtel se calentó con el testimonio de un imputado arrepentido que reconoció los hechos. Sus palabras tienen una especial trascendencia, ya que se trata del primer empresario que reconocía en el juicio haber pagado comisiones ilegales al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas. Se trata de Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica, una de las principales donantes de la caja B del PP. Además de admitir que había pagado comisiones ilegales a la trama corrupta a cambio de contratos, deslizó que el dinero iba para "organismos centrales". Todo el mundo interpretó que hablaba de la sede nacional del PP, pero su declaración fue tan ambigua como escueta.

La persona que podría certificar que estos testimonios son verdaderos y que, por tanto, el PP se financió ilegalmente durante años gracias al pago de mordidas de contratistas públicos, es Luis Bárcenas, que declarará el próximo 16 de enero.

En su declaración ante el juez instructor Pablo Ruz, el extesorero del PP nunca llegó a admitir que los pagos de empresas que apuntó con detalle en la caja b durante casi 20 años tenían relación directa con la adjudicación de obras públicas. Bárcenas tan sólo explicaba que ese dinero servía para que los alcaldes, consejeros o presidentes autonómicos del PP tuvieran la deferencia de recibir a los constructores cuando se interesaban por algún concurso público.

¿Se pueden investigar esas denuncias?

Recordemos que la financiación ilegal del PP no es el objeto de investigación de este juicio. Aquí se dilucida lo que en el argot jurídico se ha conocido como la primera época de la Gürtel, esto es, desde 1999 a 2005. En el banquillo se sientan 37 personas a las que, entre multas y fianzas de responsabilidad civil, se les reclaman unos 450 millones de euros. Además de los 37 acusados hay tres partícipes a título lucrativo: el Partido Popular, la exministra Ana Mato y la pareja de uno de los principales acusados.

De momento, los testimonios oídos en el juicio -de Correa, de Guillermo Ortega o del empresario García Pozuelo- no han hecho cambiar de opinión al tribunal para tirar de ese hilo. Cuando el abogado de Bárcenas escuchó la novedosa denuncia de Correa sobre el pago de mordidas por obras públicas del Gobierno Aznar, pidió que se citará a cargos ministeriales de aquella época y a responsables de constructoras para investigar esos hechos. El Tribunal que juzga el caso Gürtel se retiró a deliberar y negó la petición. La Fiscalía Anticorrupción también se mostró en contra al considerar que las revelaciones de Correas eran "genéricas e inconcretas".

El abogado que representa a la Asociación de Abogados Demócratas Europeos, Francisco Montiel, la primera acusación popular que se personó en esta causa, considera que los testimonios escuchados hasta ahora en el juicio deben abrir la puerta a la investigación para dilucidar si existía una trama en la que se vinculaban adjudicaciones con el pago de comisiones ilegales al PP.

El juicio del caso Bárcenas, donde se determinará si el PP se financió ilegalmente durante al menos 20 años gracias a la generosidad de contratistas públicos, no se celebrará hasta finales de 2017. Antes conoceremos la sentencia del caso Gürtel donde se prevén fuertes condenas pero que dejará a un lado las comisiones ilegales que supuestamente cobró el partido.