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OPINIÓN

La factura del descontrol bancario

Muchos ya denunciábamos que la actuación de los supervisores del mercado financiero en España durante la crisis no había sido precisamente brillante. Ahora entra en el fondo del asunto la justicia, concretamente la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que ha ordenado al juez Fernando Andreu, instructor del 'caso Bankia', que cite a declarar como investigados a los responsables de los supervisores en ese momento.

Se suele echar toda la culpa a las Cajas de Ahorro del despilfarro de recursos públicos utilizados para el rescate del sistema financiero, 61.495 millones según los últimos datos aportados por el propio Banco de España; si lo ponemos en relación con el gasto de las partidas gastadas en Sanidad y tomamos los 4.001,62 millones del año 2016, estamos diciendo que con lo gastado en rescatar las cajas de ahorro se habrían podido pagar más de 15 años de nuestro sistema sanitario. Pero no solo las Cajas han sido regadas con dinero del contribuyente; para apuntalar el tambaleante sector bancario español, se han tenido que movilizar y comprometer 122.122 millones de euros en beneficio de cajas de ahorro y bancos privados, según el último informe del Tribunal de Cuentas.

Pongamos en marcha la calculadora:

Algunos profesionales de gran reputación en el sector, como Fernando Zunzunegui, señalaron ya en su día que la operación Bankia era un fraude en masa en dos etapas: una primera etapa con la emisión de participaciones preferentes de las antiguas cajas que la componen (unos 3.000 millones) y obligaciones subordinadas (1.000 millones), y una segunda etapa de 1.855,2 millones colocados al tramo minorista en la OPS de Bankia. Si sumamos los productos tóxicos que han envenenado el bolsillo de los clientes de las cajas y bancos, con datos de 2008 a 2012, estamos hablando de:

  • 14.620 millones de euros de participaciones preferentes.
  • 9.983 millones de obligaciones convertibles y subordinados.
  • 292 millones de las horrorosas cuotas participativas de la extinta CAM.

Además el rescate de las cajas tiene unos gastos adicionales, que se devengan a medida que los créditos cubiertos por los Esquemas de Protección de Activos (EPA) se impagan. Los beneficiarios, Caixabank (por la compra de Banco de Valencia), banco Sabadell (CAM), Liberbank (por CCM), BBVA (Unnim) y BBK (Cajasur), podrían acabar cobrando 10.390 millones por esta cobertura, que pagará el FROB (918 millones) y el FGDEC (9.472 millones).

Las cláusulas suelo que sean abusivas por falta de transparencia pueden acabar costando al sector unos 4.700 millones. Dinero, que no lo olvidemos, cobraron indebidamente a los clientes mal informados y que el Banco de España no impidió, pese al clamor popular existente.

Otra factura en los cajones cuyo coste oculto puede ser muy alto son las hipotecas referenciadas al más que cuestionado IRPH. Si estimamos que hay aproximadamente 1.300.000 hipotecas con IRPH (13% del total concedido en los años de burbuja inmobiliaria), y que en caso de demanda los jueces suelen transformar el IRPH en Euribor, dejando el diferencial intacto, como perito economista he calculado que en una hipoteca media de 110.000 euros contratada con IRPH + 0,25%, se habría pagado de más por hipoteca 13.000 euros, lo que supone un total de agujero para la banca de unos 16.900 millones de euros.

Otro agujero demoledor en las cuentas de los bancos son los gastos iniciales de las hipotecas, cargados abusivamente sobre las espaldas de los hipotecados: 18.000 millones de euros según OCU (6 millones de hipotecas a 3.000 euros de gastos por hipoteca).

De los numerosos casos de hipotecas complejas aprobadas a los clientes, desde cuotas crecientes a hipotecas multidivisa, podemos tomar los datos que el propio Bankinter ha hecho público de los préstamos hipotecarios multidivisa ofrecidos a sus clientes: 2.000 millones.

De todas las cifras mencionadas hay que tener en cuenta que ni todos los productos han sido colocados de forma incorrecta por las cajas y bancos, ni todos los afectados, por desgracia, acaban recuperando su dinero, bien porque el banco no responde a su incumplimiento de forma voluntaria, bien porque no acaban demandándolos en los tribunales. Por otro lado, hay costes potenciales que pueden no acabar devengándose en su total, como los EPA. Por otro lado, hay costes que no hemos contabilizado, como los beneficios fiscales otorgados a los bancos o los activos ruinosos vendidos a precio de nuevo al banco malo o Sareb.

En todo caso, sumando cantidades, tenemos la siguiente factura: 78.740,2 millones. Si eliminamos los productos tóxicos y la OPS de Bankia, dado que muchos de los afectados ya han demandado o recuperado el dinero, estamos hablando de 51.990 millones que, de una forma u otra, deben los bancos a sus clientes. Casi un nuevo rescate, en definitiva.

Muy caro ha salido no controlar las malas prácticas bancarias. A los clientes, a los contribuyentes y al propio sector, vía aportaciones al FGDEC (el Fondo de Garantía de Depósitos). ¿Habremos aprendido de los errores? Tengo mis dudas.

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