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DETENCIÓNLa Guardia Civil detiene a número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, secretario general del departamento de Economía

ENTREVISTA

"Nos han robado la información digital de un caso bajo secreto de sumario"

Víctor Fernández, abogado de la familia de Berta Cáceres, denuncia presiones e intimidaciones en la investigación del asesinato de la activista hondureña

Este viernes se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres, la activista hondureña que consiguió doblarle el brazo a grandes multinacionales, movilizando al pueblo Lenca, la mayor etnia indígena del país. El 3 de marzo de 2016, Cáceres fue asesinada a balazos en su casa, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había pedido al Gobierno de Honduras que la protegiera.

Ocho hombres fueron arrestados hace justo un año, tres de los cuales eran altos cargos del ejército hondureño. La juez que lleva el caso mantiene totalmente al margen a la familia de la activista, que habla de un "ocultismo ilegal" para evitar que se abra la vía de lo que ellos denuncian: "un crimen de Estado".

En declaraciones a 'Hoy por Hoy', Víctor Fernández, abogado de la familia de Berta Cáceres, ha denunciado las presiones e intimidaciones que rodean a este proceso. Han entrado en su despacho para robar su ordenador y documentos. "Nos han sustraído toda la información digital que tenemos de un caso que -recuerda- está bajo secreto de sumario. Ahora solo nos queda la escasa información judicial". También recibe amenazas el que hoy sustituye a Berta Cáceres en este proceso.

Fernández, un año después del asesinato, lamenta que "a pesar del impacto del caso en Honduras, no ha servido para reducir este tipo de agresiones, ataques, intimidaciones por parte del Estado". "Es el Gobierno, además, quien controla a los medios de comunicación y estos reproducen el discurso gubernamental, así que es más difícil aún que la opinión pública de Honduras respalde a los activistas como Berta Cáceres". Porque las autoridades del Estado hondureño, denuncia, "no tiene interés alguno en investigar, sí en criminalizar a los que luchan contra uno de los gobiernos más violentos, más impunes y corruptos del mundo".

Un año después, la familia de Berta Cáceres sigue reclamando justicia y que se abra el proceso de investigación hasta llegar a los que financiaron este crimen, no solo quienes lo ejecutaron. Una familia protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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