La tensa espera del chiste

Madrid

Para entender bien la realidad política española hay que pasearse por los juzgados. Tanto discutir sobre la manera con que la nueva política pondría por fin el foco en el Congreso para que la actualidad se haya vuelto pendular, entre la politización de la justicia y la judicialización de la política. Ida y vuelta. Fiscales en el Congreso y políticos en el banquillo. Reparto de magistrados en el Senado. "Montesquieu ha vuelto", proclamó Albert Rivera el pasado 29 de agosto, aquella mañana solemne en la que anunció su acuerdo de investidura con Mariano Rajoy. Era un acuerdo semejante al que poco antes había firmado con Pedro Sánchez. "Hemos firmado seis puntos por la regeneración y esos seis puntos se van a cumplir", prometió. Le ha caducado el plazo y no se ha cumplido ni uno de aquellos puntos, ni la limitación de mandatos ni la reforma de los aforamientos. El PP le da largas pero Rivera alega que él ya sabía que acabaríamos aquí, que "el PP no tiene remedio". Incumple el PP; lo paga Ciudadanos. En su partido se han encendido algunas alarmas.

Consciente del riesgo de que Ciudadanos aparezca como el juguete que utiliza el PP a su conveniencia —al acuerdo de investidura algunos ya lo llaman el Pacto de las Lentejas—, Rivera ha amagado con un giro que, de darse, cambiaría algunas coordenadas: cita la posibilidad de una moción de censura en Murcia y busca al PSOE en el Congreso para aprobar lo que le niega el PP. Sería un cambio de estrategia pero, de momento, solo son palabras, que además tienen el riesgo de la contradicción. Para Albert Rivera la situación puede reconducirse si los jueces retiran la imputación a Pedro Antonio Sánchez pero, para el líder del partido en Murcia, el acuerdo con Sánchez ya está roto pase lo que pase en los juzgados. El mensaje difiere según quién sea el portavoz mientras Ciudadanos trata de preservar su crédito. De ahí que Rivera se diga dispuesto a explorar otros caminos, porque recela de su principal socio, que es Rajoy. Del que no se fía ni tiene remedio.

La decisión que el Tribunal Superior de Murcia tomará este lunes sobre el presidente murciano será determinante para el futuro político inmediato, de Murcia y en general. Tiene razón en eso Jordi Montull, principal acusado junto a Fèlix Millet en el caso Palau y que anticipó que la diversión empezará esta próxima semana. Si él y Millet cumplen su amenaza y tiran de la manda, el asunto saldrá del juzgado y llegará sin remedio al Parlament, enfrascado ahora en la hoja de ruta independentista.

Los partidos soberanistas han defendido siempre que su plan se ajusta a las normas, a sus propias normas, para ir "de la ley a ley", de la española a la catalana. Por eso generó tanta sorpresa el intento de que la denominada Ley de Transitoriedad se aprobara en la Cámara por el trámite de lectura única, casi sin debate. Casi a escondidas. Sensación de prisa y nervios. En el Parlament se habló de chapuza. Sólo faltaba el dictamen del Consell de Garanties que anula la partida de los presupuestos dedicada al referéndum. El asunto catalán sube de intensidad según avanza el año y el momento álgido llegará con la sentencia del Supremo a Francesc Homs, cuyo juicio aprovechó también Artur Mas para mantenerse en la palestra. Del juicio quedará la estrategia de Homs: asume que promovió la consulta del 9N pero niega que fuera por desobedecer al Constitucional. No era consciente, dijo, de incurrir en ninguna ilegalidad. Fue un juicio técnico. No épico.

Para entender bien la política hay que pasearse por los juzgados, que han dejado a Rato y a Blesa en libertad sin fianza pese a las condenas por las black y donde ha acabado llegando el último elemento protagonista de la semana. Un autobús, símbolo de la intolerancia. La respuesta política fue esta vez mayoritaria, incluso en dirigentes del partido (PP) que convirtió a Hazte Oír en asociación de utilidad pública. La reacción al fanatismo demuestra al menos que existe cierto consenso sobre el modelo de sociedad en que una amplia mayoría quiere vivir.