La acusación popular: desde 'La Pepa' al Caso Gürtel

Madrid

Tiempo para debatir sobre la figura de la acusación popular y su vigencia en 'Hoy por Hoy'. En pleno debate político sobre si esta figura debe desaparecer o matizarse en nuestro ordenamiento jurídico, pasan por los micrófonos de la Cadena SER dos voces que defienden posiciones completamente opuestas: por un lado, el exministro de Justicia, Francisco Caamaño, y por otro el abogado Wilfredo Jurado, letrado de la acusación popular, por ejemplo, en Gürtel o en el 'caso espías'.

El debate ha vuelto a la primera línea de la política, pero no es la primera vez en que surge: ya el propio Caamaño propuso en 2011 limitar la acción popular en los procesos judiciales y limitar, por ejemplo, el acceso de partidos políticos y sindicatos. Dos años después fue Alberto Ruiz-Gallardón el que puso en marcha un proyecto similar de reforma del 'Código Procesal Penal' que se quedó en el tintero con la llegada de Rafael Catalá.

De la 'Pepa' a la Gürtel pasando por el 'Nani'

La figura de la acusación popular acumula más de 200 años en nuestro ordenamiento jurídico, apareciendo por primera vez en la Constitución de 1812 para combatir los sobornos a jueces y magistrados. En la actualidad, su principal avalista es la Constitución y su artículo 125, donde coloca la acusación popular junto a otras figuras como el jurado popular como herramientas ciudadanas de participación en la Justicia.

En la práctica, son magistrados y tribunales los que marcan las líneas rojas de la acusación popular: suelen, por ejemplo, exigir que varias acusaciones populares sigan el proceso bajo una única dirección letrada, algo habitual por ejemplo el proceso que afectan a consumidores como el 'caso Gowex'. También exigen el pago de una fianza antes de poder personarse, impuesta en función de las posibilidades económicas del solicitante: Mario Conde, antes de su último encontronazo con la Justicia y durante su andanza política, pidió ser acusación popular en el caso Gürtel.

Otra de las vías de restricción de la acusación popular pasa por expulsar a aquellas partes que no cumplan con su cometido: el juez Pablo Ruz, por ejemplo, terminó expulsando al Partido Popular del 'caso Gürtel' por entender que, más que una acusación, ejercía una defensa de varios imputados además de la posibilidad, ya contemplada en ese momento, de que se terminase sentando en el banquillo como finalmente ha sucedido.

Doctrinas Botín y Atutxa

Las posibilidades de la acusación popular han tenido dos puntos de inflexión a lo largo de la última década, siempre a cargo del Tribunal Supremo y siempre generando gran división entre los jueces.

Fue en 2007 cuando el Tribunal Supremo dio el visto bueno al archivo de la investigación que la Audiencia Nacional seguía contra el Banco Santander y su entonces presidente Emilio Botín por las denominadas 'cesiones de crédito' de la entidad, un caso que sólo contaba con el visto bueno de dos acusaciones populares (Asociación de Defensa de Inversores y Clientes, junto con la Federación de Partidos Políticos Iniciativa Per Catalunya Verds).

(2006) LA AUDIENCIA ARCHIVA EL 'CASO BOTÍN'

<p>La Audiencia Nacional archivó la investigación, decisión que desembocó en la conocida como 'doctrina Botín'</p>

Una sentencia 1045/2007 que desembocó en la conocida como 'doctrina Botín': poniendo en la balanza los derechos de acusado y acusación, los jueces establecieron que una investigación no podía desembocar en juicio oral si la única acusación partía de una acusación popular, y no de una particular o de la propia Fiscalía. La mitad de los jueces de la sala emitieron votos particulares contra

Un año después, llegaba un nuevo matiz con Juan María Atutxa: el Tribunal Supremo decidía condenarle por un delito de desobediencia al no haber disuelto el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (nombre adoptado por Batasuna tras su ilegalización) en la cámara vasca, previa orden directa del Tribunal Constitucional.

(2008) EL SUPREMO CONDENA A ATUTXA

<p>El Supremo avaló en este caso la apertura de juicio oral sólo con la petición de una acusación popular (Manos Limpias)</p>

Nacía entonces la conocida como 'doctrina Atutxa' en la que una acusación popular (en este caso Manos Limpias) sí podía generar la apertura de juicio oral cuando el delito cometido afectaba no a un interés particular concreto sino a uno general.