Canal de Isabel II, historia de un negocio

Madrid

La operación Lezo de la Audiencia Nacional contra el supuesto cobro de mordidas y la presunta financiación irregular del PP de Madrid ha trasladado a las portadas de los informativos al Canal de Isabel II

¿Cuál es la historia de este negocio?

Por JAVIER BAÑUELOS

¿Cuándo empiezan las sospechas de que había algo turbio en el Canal de Isabel II?

En el momento en el que se quiere privatizar una empresa pública que siempre dio beneficios. En cuanto se apretó esa tecla se activó todo un movimiento social, que impuso una férrea oposición para evitar que Esperanza Aguirre pudiese iniciar esa privatización. Aquella lucha, sirvió, casualidades de la vida, para que se empezase a tirar del hilo. En cuanto se quitó el tapón de las cloacas del Canal, empezó a aflorar que esa empresa pública era un nido oscuro, de opacidad en las cuentas, y también de nepotismo dentro de la familia del PP.

Ignacio González fue su presidente entre 2003 y 2012. Siempre se sospechó que en ese tiempo, el Canal ha servido como un auténtico banco de la corrupción popular en Madrid. El Canal era una fuente de poder, y sobre todo de negocio. Quizás por eso, se entiende que uno de los mayores enfados de González, cuando le nombraron presidente de la Comunidad, fue conocer que debía abandonar su puesto como presidente del Canal de Isabel II.

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Eso fue en septiembre de 2012, pero incluso antes, ya en la época de Gallardón ¿se hablaba de aguas turbias

Fue en 2001 cuando el Canal cambió su estrategia, y decidió desembarcar en Latinoamérica. Con Gallardón como presidente el Canal de Isabel II compró INASSA, la matriz del Canal en Sudamérica. Esa operación costó 83 millones de euros, 10 veces más de lo que habían pagado los vendedores un año antes, según publicó El Confidencial.

Casualmente, INASSA, ya como filial del Canal, fue la que metió a todos los madrileños en la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao, una operación que ha sido la que ha hecho saltar por los aires esta operación Lezo, que se ha llevado a Ignacio González por delante. Una compra que, por cierto,se canalizó a través de varias cuentas en Suiza. El Canal también ha tenido una relación muy estrecha con la Púnica. Pagó facturas ficticias a las empresas de esta trama para mejorar la reputación en Internet de los cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos, Ignacio González.

Por el camino del Canal también se cruzó el espionaje político, las bolsas...

Fueron unas grabaciones que adelantó la Cadena SER del espionaje que se hizo a Ignacio González durante su viaje a Cartagena de Indias, en Colombia. En las imágenes se podía ver a su mano derecha en el Canal, y una de las personas de su máxima confianza, Edmundo Rodriguez Sobrino, entrando en una casa con unas bolsas blancas y, saliendo, poco después sin ellas. Los dos están detenidos ahora. Precisamente, por aquel espionaje, tuvo que declarar hace muy poco en la Asamblea de Madrid, Ignacio González se mostró seguro y se defendió de las preguntas de la oposición. “Usted se quiere hacer una película que no se ajusta a la realidad. A mí me han espiado unos señores que están imputados por un seguimiento en un viaje oficial. Punto”, señalaba.

¿Desde la llegada de Cifuentes se ha hecho algo para limpiar todo esto?

Con la llegada del nuevo gerente del Canal han comenzado una operación para deshacerse de todas esas empresas. Según aseguran desde la dirección del Canal, hay 12 empresas en fase de disolución y liquidación en Colombia, Panamá, República Dominicana, Venezuela, México, Costa Rica y Uruguay. La intención del Canal es que, antes de que termine el año, hayan podido cerrar buena parte del emporio que González diseño en América Latina.

Lo público al servicio de los políticos corruptos

Por NIEVES GOICOECHEA

Creadas para enriquecerse ilícitamente, utilizadas para contratar en ellas a familiares y amigos o tejer redes clientelares. Estas son algunas de las razones por las que las empresas públicas terminan convirtiéndose en focos de corrupción.

Hay hasta ocho empresas públicas o participadas en una parte por el Estado y que han servido para desviar fondos a cuentas privadas, recibir regalos o financiar ilegalmente al PP. El juez José de la Mata ha imputado a la cúpula de la empresa pública Mercasa por desviar fondos públicos, hasta nueve millones de euros, por sobornar presuntamente a funcionarios en Angola para construir mercados de abastos en estos países. El mismo sistema, desvío de dinero público, se habría utilizado en la empresa pública Defex, dedicada a la venta de armas, por contratos de venta de armamento en países como Arabia Saudí o Camerún.

En el caso Noos, la concesión irregular de contratos por dos millones de euros a Iñaki Urdangarín a través de los organismos públicos Instituto de Turismo y Fundación Illesport sirvió para condenar a sus responsables en Baleares, sistema que se copió en Valencia aunque en este caso las juezas no condenaron a la administración valenciana por falta de pruebas.

Los regalos, las comisiones personales y para la financiación irregular del PP a cambio de concesiones a empresas amigas están bajo investigación en empresas de aguas como Aquamed, dependiente del Ministerio de Agricultura; Ciegsa, Emarsa e Imelsa para construir colegios en Valencia; la entidad pública catalana de obra pública Infraestructures.cat; y el gestor del AVE, Adif. Por último, una de las ramas de la trama Gürtel investiga la adjudicación de empresas del grupo Correa de la organización del acto por la visita del Papa a Valencia. El ex director de Canal 9 se sentará en el banquillo por adjudicar presuntamente un contrato de siete millones de euros