Morir por el medio ambiente

Madrid

La noche del 2 de marzo de 2016, la activista hondureña Berta Cáceres fue asesinada en su casa de La Esperanza a manos de unos sicarios. El único testigo del brutal crimen de la activista indígena fue el ecologista y sociólogo mexicano Gustavo Castro, que hoy reside en España acogido a un programa de protección de Amnistía Internacional.

Berta Cáceres había liderado un movimiento contra la construcción de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca. Se trataba de un megaproyecto de la empresa DESA, de la familia Atala -una de las más ricas de Honduras- que se detuvo tras el asesinato de Cáceres. Sin embargo, “la concesión no se ha eliminado, no se han suspendido de manera definitiva los recursos para la obra”, advierte Castro.

Gustavo Castro, miembro de Amigos de la Tierra de México, lleva casi un año fuera de casa ya que en su país está amenazado por el proceso legal y jurídico que tiene con Honduras a raíz de su intento de asesinato y del asesinato de Berta Cáceres. “He demandado al gobierno de Honduras ante la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, así como a la juez. Estamos en el proceso de audiencias, pruebas y comparecencias”, explica.

Hasta ahora han sido ocho los imputados por el crimen contra la activista. Entre ellos, explica el mexicano, “el gerente de la empresa, que paga a un militar; el militar a un exmilitar y el exmilitar a un grupo de cuatro sicarios” que están actualmente en proceso de juicio. Son los autores materiales, pero “aún no se han investigado los autores intelectuales” del asesinato.

Las organizaciones de Honduras, la familia de Berta y el mismo COPINH reclaman que se llegue hasta el fondo de la investigación de este crimen “planificado”, ya que la activista ya había sufrido varios intentos de asesinato. “Había toda una mafia de corrupción y de vínculos políticos con los proyectos de la represa e incluso los mineros”, sostiene el ecologista.

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En casos como este, “la clase política y la clase empresarial se fusionan: hay políticos que son empresarios y empresarios que son políticos". "Están en la lógica de legislar en función de sus intereses transnacionales donde ellos incluso son accionistas, y ello implica millones de dólares en corrupción que están de por medio”.

En 2015, la organización Global Witness documentó 185 asesinatos de activistas medioambientales en el mundo, de los cuales 122 sucedieron en países latinoamericanos. Además, según datos de Front Line Defenders recogidos en el informe Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza, publicado por Amnistía Internacional, los homicidios de defensores de los derechos humanos, como lo era Berta Cáceres, han pasado de 156 en 2015 a 281 el año pasado. A pesar de que los datos resulten escalofriantes, Castro considera que las luchas van “hacia delante”.

“Las comunidades y los pueblos están resistiendo y reclamando las violaciones de derechos humanos, y la respuesta ha sido de mucha represión en América Latina”. La lucha de estas comunidades por defender su tierra es una lucha universal, ya que al hacerlo defienden el medio ambiente, indica el ecologista, que considera que “no podemos seguir tumbando los cimientos de la casa que nos da cobijo a todo el planeta”. “Defender los derechos humanos de los defensores es también defender la vida de todos, estemos donde estemos”, sentencia Castro.