El paso más difícil, la reconciliación

Colombia

En los hospitales de Colombia ya no hay heridos de guerra. Hace dos años que las FARC anunciaron una tregua unilateral y, desde entonces, la violencia ha bajado en el país. Sin embargo, desde las negociaciones en La Habana hasta el referéndum en que se preguntó a los ciudadanos por el proceso de paz, quedó claro que cerrar las heridas de más de un siglo de conflicto no sería sencillo.

Hace seis meses, los ciudadanos de este país vieron por televisión cómo 7.000 guerrilleros se trasladaban desde la selva, desde las zonas más remotas del país, en camiones, barcos, e incluso caminando, hasta 26 zonas veredales, los espacios habilitados por el Gobierno para que los combatientes desmovilizados de las Farc transitaran hacia la vida civil. “Seis generaciones de colombianos han esperado este momento”, dice Nicolás Sánchez, un periodista del diario 'El Espectador' que ha seguido el proceso desde el principio.

Con él llegamos, siguiendo tortuosos caminos de tierra que cuando llueve se convierten en lodazales, al campamento de Icononzo. Está a cinco horas de Bogotá, en la región de Tolima, y es “uno de los bastiones históricos de las FARC”. Aquí se han instalado más de 350 guerrilleros. Caminamos al menos media hora por la ladera de una montaña y por fin llegamos a la recepción. Aquí entran y salen continuamente observadores de Naciones Unidas, representantes del Gobierno, formadores que capacitan a los ex combatientes para su nueva vida… A todos se les ofrece agua, del río que pasa cerca, y un tintico. Así le llaman al café que toman los campesinos que pueblan estas montañas y las de la mayoría del país. En Colombia hay más territorio que Estado y esto explica en buena medida el conflicto.

En las zonas más remotas del país, la pobreza y la falta de oportunidades han sido una constante y el caldo de cultivo perfecto para que brotaran la violencia y la impunidad. Las armas las han empuñado aquí los narcotraficantes, varias guerrillas formadas esencialmente por campesinos en el caso de las FARC, y el Estado a través del ejército y los paramilitares. La consecuencia, 8 millones de víctimas.

Las víctimas

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Colombia es el país con más desplazados del mundo. Millones de personas dejaron sus casas huyendo de la violencia y muchos jóvenes se sumaron a la guerrilla siendo todavía niños. La edad legal para reclutar a guerrilleros eran los 15 años pero muchos entraron mucho antes. Al caminar por estas calles de tierra que con su trabajo han ganado los combatientes a la naturaleza en Icononzo, es fácil descubrir historias de jóvenes que recuerdan bien el hambre que pasaron cuando eran pequeños, o cómo presenciaron el asesinato de alguna persona cercana. Charito tiene solo cinco años. Mientras hablamos con ella sobre su vida en el colegio, brota un relato que nos deja helados. “A mi papá y a mi mamá los mataron delante de mí y de mi hermanito. Los ladrones le metieron cuatro tiros”. En los recuerdos de esta niña quedará siempre la guerra. Ella es una de sus víctimas pero, otra señal de que las cosas están cambiando es lo que se conoce como 'el baby boom de las FARC'. En plena guerra, los guerrilleros tenían prohibido tener hijos pero ahora hay muchas parejas que deciden ser padres. En este campamento hay más de una decena de bebés. Les llaman 'los hijos de la paz' y sus llantos se entremezclan con la emoción de las familias que se reencuentran. Cada día se acercan aquí los padres, hermanos o tíos que llegan preguntando por el niño al que vieron partir hace años.

John Esteban Pérez entró en las FARC cuando tenía 13 años, casi los mismos que lleva sin ver a su familia. Este joven sueña con olvidar los peores momentos que ha vivido en conflicto, cuando perdió a su mejor amigo, con el que componía canciones, o cuando le hirieron en la mano. Temió perder su mejor arma, con ella toca la guitarra. “Yo le canto al amor, a la vida, a la libertad. A partir de ahora, mis disparos serán palabras”. En sus rimas resuena con fuerza, sobre todo una, reconciliación.

Reconciliación y amenazas

No hace falta haber vivido una guerra para imaginar que esa es la batalla más difícil. La sociedad colombiana está polarizada. El próximo año habrá elecciones y quienes velan por la paz, afirman que “es importante que el proceso esté afianzado cuando el nuevo gobierno tome el poder”. Son las palabras de Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia. “El resultado del referéndum en octubre ha ralentizado la implementación de los acuerdos” y eso se nota en muchas cosas. Por ejemplo en Icononzo. Aquí, la biblioteca que alberga libros de Marx y el Che Guevara, las cocinas, las letrinas… Todo lo han construido los ex combatientes de las FARC con sus propias manos, con madera y lonas de plástico. Las construcciones prometidas por el gobierno siguen siendo un proyecto y, por no llegar, no ha llegado siquiera la ropa que les permita eliminar completamente el uniforme militar. Aquí los vaqueros se siguen combinando con las botas y las camisetas que se usaban en la guerra.

Sin embargo, más allá de facilitar la incorporación a la vida civil de quienes han apostado por la paz y han dejado las armas, esta semana se ha culminado la entrega, Gilmore afirma que “el verdadero cambio se producirá cuando se le dé a estos jóvenes la oportunidad de estudiar o de encontrar un empleo”. Para eso y para mitigar la pobreza y la injusticia social que están en la médula de este conflicto, “la UE está invirtiendo 67 millones de euros en proyectos de desarrollo y 19 Estados miembros de la UE han comprometido 400 millones más para construir la paz en Colombia”. En el horizonte, esperanzas y desafíos. La esperanza la ponen quienes defienden un país sin armas y un proceso de negociación en marcha con otra de las guerrillas protagonistas de este conflicto, el ELN. Las amenazas, los políticos que no entiendan la paz como un proceso irreversible y no acepten a los exguerrilleros que se sentarán con ellos en el Parlamento. De momento, muchas zonas del país de donde han salido las FARC las han ocupado paramilitares y otros grupos armados y, en poco más de un año, más de 120 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país.