El 155, un debate de ida y vuelta

Madrid

Cuando en julio de 1978 se abordó en las Cortes la redacción del artículo 155, en la cabeza de los constituyentes no estaba ni Euskadi ni Cataluña. Durante el debate en comisión, un mes antes, uno de los padres de la Carta Magna, Jose Pedro Pérez Llorca explicaba que se trataba de un precepto "copiado literalmente" de la Constitución alemana con el objetivo de que el Estado tuviese una mera cautela legal.

El tan traído y llevado artículo establece que: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

"Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

Alfonso Guerra, miembro también de esas cortes constituyentes, lo explicaba en octubre de 2015 en una entrevista a la Cadena SER. "No tiene relación con las Comunidades Autónomas o con las tensiones nacionalistas en España, en absoluto, es una salvaguarda que tiene el Estado por si la autoridad no cumple con lo que la Ley dice".

El artículo en cuestión generó entonces mucha menos polémica de la que genera hoy. El día de su aprobación en pleno casi no hubo debate. Solo tomó la palabra un portavoz, el de Alianza Popular. Manuel Fraga creía que ese precepto era demasiado suave. "Nuestro voto particular contemplaba un derecho de intervención. Éste ha sido reemplazado por una fórmula más benévola", dijo advirtiendo de que el Senado no tenía por qué autorizar la aplicación de este artículo. "Allí es donde están representadas las CCAA y allí podrían encontrarse con una situación de incompatibilidad moral que impediría una respuesta adecuada en caso de situación urgente".

Esta semana ha sido el expresidente del Gobierno Felipe Gónzález quien volvía a invocar este precepto asegurando que el "malhablado" 155 casi siempre se interpreta con una visión "totalizadora". "Acabará con la autonomía se dice", "y no es verdad", defendía el ex dirigente socialista para quien la aplicación del artículo se puede hacer de forma "gradual" gracias a su "ambigüedad". Lo que provoca la polémica y el debate es, según González, que "asumir la responsabilidad política de cumplir y hacer cumplir la Constitución es bastante duro".

Para Alfonso Guerra, interpretar el 155 como la suspensión inmediata de la autonomía es también un error. "Se dice en los periódicos, y los políticos también lo dicen continuamente, que si la suspensión de la autonomía... Eso no está contemplado, eso es falso, todo el que lo diga no sabe lo que está leyendo, no es verdad". Quien fuera vicepresidente del Gobierno de Felipe González comparte la tesis de la gradualidad. "En España no se suspende, lo que pasa es que las órdenes de cumplimiento a los funcionarios y tal las puede dar el gobierno central".

A pesar del debate mediático, la posible aplicación del artículo 155 es una cuestión a la que ni el Gobierno ni los partidos políticos se atreven a entrar. El viernes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el portavoz Méndez de Vigo, jurista de profesión, se negaba a contestar a la pregunta de si ese precepto es graduable o no. "Yo fui profesor de derecho Constitucional y me tienta mucho contestar esa cuestión, pero si lo hago van a interpretar que el Gobierno está pensando en esto o en lo otro y lo que queremos es dialogar e introducir racionalidad".

Tampoco Albert Rivera, presidente de Ciudadanos se quiso mojar. "Nosotros trabajamos cada día para evitarlo" porque "hacerlo sería darle un gran titular al señor Carles Puigdemont".