Seis meses envueltos en polémica

Washington

Donald Trump ha tenido polémicas prácticamente en todos los frentes durante sus primeros seis meses de gobierno. La última, en su gabinete, con la renuncia de su polémico portavoz Sean Spicer, que se estrenó mintiendo al decir que había acudido más gente a la investidura de Donald Trump que a la de Barack Obama. Spicer dimite después de que Trump nombrara a Anthony Scaramucci director de comunicación; un hombre de Wall Street que en su primera rueda de prensa ha tenido que aclarar que no hay conflictos de interés entre su nuevo puesto y sus negocios.

En los últimos días, Trump ha hecho también cambios en su equipo de abogados personales para preparar su defensa ante otra de las polémicas que incendian la Casa Blanca, la investigación sobre la trama rusa. Su hijo mayor, su yerno y su jefe de campaña comparecerán ante el Senado el próximo miércoles en una de las cinco investigaciones actualmente abiertas por este tema. El fiscal especial Robert Muller tiene la intención de investigar a las empresas familiares del presidente siguiendo la línea de la presunta colusión con Rusia durante las elecciones. Trump ya advirtió que el fiscal cruzaría una línea roja si investiga sus empresas porque, según él, se excedería de sus funciones.

Las acusaciones de obstrucción a la justicia tras el despido del director del FBI, James Comey, han dañado mucho la imagen del presidente peor valorado de la historia durante sus primeros seis meses de mandato. Solo un 37% aprueba su gestión a día de hoy; una gestión prácticamente paralizada en el plano legislativo, donde los republicanos, que controlan las dos cámaras, no se ponen de acuerdo para casi nada. Ni para aprobar los presupuestos, ni para la reforma fiscal, ni para una de sus principales promesas de campaña: derogar el Obamacare y aprobar una nueva ley que reforme el sistema sanitario. De momento no lo han conseguido porque los senadores republicanos están bloqueando la votación.

El único respiro de Trump se lo han dado los jueces del tribunal Supremo, de mayoría conservadora, al autorizar parcialmente su veto migratorio, al menos hasta octubre, que será cuando decidan sobre su constitucionalidad.