De caso aislado a crimen machista
Los avances en igualdad para la mujer y la comunidad LGTBI sitúan a nuestro país como referente de los derechos sociales
Placa con el nombre de Ana Orantes en el pueblo de Cúllar Vega (Granada). / Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS
Madrid
En 1997, el asesinato de Ana Orantes, una vecina del municipio granadino de Cúllar Vega, despertó la conciencia de los españoles ante la violencia de género. En noviembre de aquel año apareció en un programa de Canal Sur denunciando públicamente a su marido, José Parejo, sobre el que ya pesaban 15 denuncias por malos tratos. Días después de su aparición en televisión, su marido la ató a una silla y le prendió fuego. "Con este caso la violencia de género pasó de ser un problema privado a un problema de todos", explica 20 años después la exministra socialista de Igualdad, Bibiana Aído.
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Desde entonces han muerto más de 1.000 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, una cifra que los distintos ejecutivos han tratado de frenar sin éxito: de media, 60 mujeres son asesinadas cada año. La reforma del Código Penal de 1999, llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar, estableció la posibilidad de dictaminar órdenes de alejamiento y consideró la violencia psicológica como delito. Aquel fue uno de los primeros cambios legislativos que se produjeron tras el caso. Luego vinieron la Ley Integral contra la Violencia de género (2004) y la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de 2007. Este mes de julio, todos los partidos políticos han acordado un Pacto de Estado para poner fin a esta lacra.
Los avances en igualdad han la incorporación de la mujer al mundo laboral y, especialmente, la llegada de estas a puestos de responsabilidad. Como ejemplo, de los cuatro vicepresidentes del Gobierno que ha habido en los últimos once años tres han sido mujeres.
Unos avances en igualdad que también ha experimentado la comunidad LGTBI. Leyes como la que legalizó el matrimonio homosexual, de 2005, o la Ley de Identidad de Género, de 2007, situaron a España como un referente en la regulación de los derechos de las personas LGTBI.
"Hoy somos un país moderno que puede competir en condiciones de igualdad con el resto de los países más avanzados", señala la exministra socialista Trinidad Jiménez, que concluye: "Los cambios han venido impulsados desde la política, pero fundamentalmente desde la sociedad".
