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¿Cómo se ha llegado al 1-O?

El pasado seis de septiembre, empezó el recorrido en el Parlament cuando los independentistas aprobaron la ley del referéndum y un día después, la Ley de Ruptura... A partir de ahí, el Constitucional tumbó ambas y empezó el trabajo de la justicia para intentar impedir el referéndum de mañana

El President Puigdemont en el pleno del Parlament el pasado martes 10 de octubre / ()

Un Gobierno en rebeldía y una cámara autonómica dominada por una mayoría independentista aprobaron la Ley del Referéndum que preparaba a Cataluña para su ruptura con España por la fuerza de los hechos.

Sin las mínimas garantías democráticas, saltándose los informes jurídicos de los letrados del parlamento catalán y los informes obligatorios del Consejo Consultivo, el Gobierno catalán y sus aliados de la CUP forzaron la aprobación del desafío independentista que habían anunciado hace dos años y que aprobaron en una sesión de urgencia.

Un día despúes, de madrugada, la misma mayoría independentista aprobó la Ley de Ruptura, de aplicación inmediata en caso de que el referendum respaldara el sí a la independencia.

El Gobierno activa los mecanismos judiciales para impedir el referendum y recurre al Constitucional contra la ley aprobada en el parlamento catalán. A la vez, el fiscal general del Estado ordena presentar querellas contra el Gobierno catalán y los independentistas de la mesa del Parlamento autonómico que dieron trámite a la iniciativa.

Reunido de urgencia, el pleno del Tribunal Constitucional suspende el 8 de septiembre por unanimidad la ley del referéndum y requiere al president Puigdemont, a su Gobierno y a los alcaldes de Cataluña para que paralicen cualquier acto preparatorio de la consulta bajo amenaza de incurrir en responsabilidad penal.

El Gobierno catalán se mantiene en rebeldía y decide no obedecer al Constitucional pero sigue adelante con sus planes. Pide a los alcaldes que les comuniquen los locales que pondrán a disposición del referéndum. Sólo los socialistas niegan ceder locales municipales para la consulta. Representan a localidades donde reside un tercio de la población catalana. El resto, más de 700, comunican al Gobierno catalán que pondrán los edificios municipales a disposición de la consulta.

El fiscal general del Estado ordena a los fiscales provinciales de Cataluña que movilicen a los cuerpos policiales, incluidos los Mossos, para investigar e intervenir los efectos del delito de preparación del referendum. La Guardia Civil comienza a registrar imprentas. El Gobierno catalán anima a los ciudadanos a imprimir su papeleta desde casa.

12 de septiembre. El Constitucional se reúne en pleno y la suspende. El Gobierno catalán sigue sin inmutarse su hoja de ruta pese a todas las advertencias. La Fiscalía General del Estado pone en marcha una causa para imputar a los más de 700 alcaldes que han confirmado que cederán locales para el referendum.

Un juez ordena el cierre de la página web que el Gobierno catalán ha creado para informar sobre todos los trámites del referéndum. Puigdemont informa a través de su cuenta de Twitter nuevos alojamientos de esa página para que los catalanes consulten dónde votar. Rajoy empieza a perder la paciencia.

La Guardia Civil requisa planchas para imprimir propaganda y requisa 100.000 carteles. Hacienda se hace con el control de los gastos de la Generalitat para evitar que se dedique dinero a organizar el referéndum. Pese a este control, el Gobierno catalán sigue impulsando iniciativas para saltarse todos los vetos legales.

19 de septiembre. La Guardia Civil se incauta en una empresa de mensajería privada de las notificaciones postales a los ciudadanos catalanes designados para presidir las mesas electorales.

Por orden de un juez de Barcelona, la Guardia Civil desencadena una operación contra el referéndum en diversas consejerías del Gobierno catalán. Es 20 de septiembre. Una decena de altos cargos son detenidos, entre ellos, el número dos del vicepresidente Oriol Junqueras. La protesta ciudadana ante la consejería de Economía, epicentro de la operación, obliga a los agentes a permanecer en el edificio hasta las cuatro de la madrugada mientras los manifestantes golpean y llenan de pintadas sus vehículos aparcados en la zona.

El presidente catalán denuncia que el Gobierno español se ha convertido en una vergüenza democrática... Su Ejecutivo sigue adelante con el referéndum pese a todas las órdenes judiciales para evitarlo. El 21 de septiembre, Puigdemont informa a través de su cuenta en Twitter la fórmula para conocer en qué colegio debe votar cada ciudadano catalán. Rajoy contesta al presidente catalán. Sigue el pulso.

El Tribunal Constitucional aplica por primera vez una reforma legal que le permite sancionar e incluso suspender a quienes desobedezcan sus resoluciones. En este caso, castiga con 12.000 euros diarios a los miembros de la sindicatura electoral, el órgano que regula todo el proceso electoral. En su huída hacia adelante, el Gobierno catalán disuelve este órgano el 22 de septiembre para evitar que sus miembros tengan que hacer frente a las multas. El referéndum ilegal del 1 de octubre sigue en marcha sin Sindicatura Electoral.

La Fiscalía General del Estado sigue proactiva. El mismo 22 presenta denuncia en la Audiencia Nacional por un delito de sedición en relación a los altercados en la consejería de Economía, rodeada por miles de manifestantes. Unos días después, la juez encargada de la denuncia la admite a trámite y abre una causa por esos hechos.

Un día después, el Ministerio del Interior asume, pese al rechazo del Gobierno catalán, la coordinación de todas las fuerzas de seguridad desplazadas a Cataluña y pone al mando del operativo a un alto mando de la Guardia Civil.

Puigdemont afirma que la declaración de independencia -en caso de que no se pueda votar- es una opción abierta, aunque no es la suya, que se pondrá sobre la mesa. El fiscal general del Estado declara que la detención de Puigdemont todavía no está planteada pero es una posibilidad.

A cinco días del referéndum, la Guardia Civil bloquea 140 webs de apoyo a la consulta. Pese a estas operaciones, el Gobierno catalán sigue preparando la consulta y anuncia que ha empezado a enviar a los domicilios de ciudadanos catalanes las notificaciones para que se encarguen de presidir mesas electorales.

26 de septiembre. La Fiscalía ordena a los Mossos precintar colegios y evitar que se vote en la calle mediante un cinturón de seguridad de 100 metros alrededor de los centros que la Generalitat habilite para el referéndum ilegal.

Sólo un día después, la juez que instruye la causa abierta contra el Gobierno catalán por desobeder las resoluciones del Constitucional, asume la competencia sobre la votación del 1 de octubre y ordena a los tres cuerpos policiales que impidan el referéndum y que eviten la apertura de los centros designados para lavotación.

El Gobierno catalán sugiere que los Mossos dejarán votar si la presión de los ciudadanos en las puertas de los colegios es muy grande para garantizar la convivencia y evitar males mayores.

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