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La firma de Àngels Barceló

Qué irresponsables

La directora de Hora 25 reflexiona sobre la falta de responsabilidad del gobierno catalán con sus ciudadanos y la de la alcaldesa de Barcelona, con la ruptura de un gobierno estable con el PSC

Responsabilidad, una exigencia a todos los políticos, del color que sean. Responsabilidad en lo que hacen y lo que dicen, responsabilidad para pensar y actuar más allá de sus estrategias electorales, responsabilidad para cumplir lo prometido, por lo que la gente les ha votado, responsabilidad por las consecuencias que se pueden derivar de sus acciones.

¿Y por qué les digo esto? Porque la falta de responsabilidad de algunos políticos en el llamado tema catalán, nos ha situado en el punto en el que estamos. Falta de responsabilidad del gobierno catalán que mintió para mantener vivas las movilizaciones y el apoyo de la gente que, de buena fe, creyó que la independencia era posible. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, lo dijeron en sede judicial los miembros de la Mesa del Parlament, lo quieren decir en sede judicial algunos de los ex consellers encarcelados, lo dijo ayer una de las exconsejeras en Bruselas, Clara Pônsatí. Aseguró que el gobierno catalán no estaba preparado para aplicar la independencia. Lo ha dicho hoy el portavoz d'Esquerra, Sergi Sabrià, el govern no estaba preparado para una República. Y Carles Puigdemont ha dicho en una entrevista que la independencia no es la única vía. Qué irresponsables, decir ahora lo que no se han atrevido a decir durante todo este tiempo.

Y que irresponsable también la alcaldesa de Barcelona, que asegurando siempre que ni DUI ni 155, ha decidido alejarse de unos y acercarse a otros. La ruptura de un gobierno estable como el que mantenía con el PSC se contradice con su insistencia sobre los puentes tendidos y los pactos. ¿Con quién piensa pactar Ada Colau si rompe con potenciales interlocutores? ¿Cómo se puede dialogar desde la ruptura? Además, este divorcio solo contribuye a aumentar la incertidumbre, la misma que está llevando a empresas y certámenes fuera de Barcelona, fuera de Cataluña.

¿Quién asume la responsabilidad política de todo esto?

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