La financiación autonómica, a ralentí

En el camino de la crisis catalana se están quedado muchas cosas importantes. Una de ellas, sustancial, es la nueva financiación autonómica. El compromiso del Gobierno era terminar los trabajos del nuevo modelo en 2017 e implantarlo en el 2018. Pero no va a ser así. El ejecutivo, que ya ha dicho a Bruselas que incrementa en una décima el déficit previsto para este año pese a que lo está equilibrando gracias al superávit de 9.000 millones de los ayuntamientos, va a incumplir este compromiso.

Desde julio tiene sobre la mesa la ponencia de expertos, quienes vinieron a decir que la insuficiencia financiera de las comunidades era real aunque no la calcularon; que había importantes brechas entre territorios; y avanzaron alguna idea como lo del IVA colegiado, que consistiría en la cesión de un tramo, una idea que va ser imposible de acordar entre todas las comunidades dada las diferentes características de cada territorio y su posición ideológica respecto a la regresión que suponen los impuestos indirectos. Pues así estamos y no se avanza mucho: a mitad de noviembre una comisión técnica estudia la propuesta de la ponencia de julio.

El problema es que falta dinero en el sistema para garantizar que las comunidades puedan atender los servicios esenciales y así va a seguir. Las autonomías suponen un tercio del gasto del Estado. El déficit de aportación para el estado de bienestar -educación, sanidad y políticas sociales- se sitúa entre 20.000 y 40.000 millones según quien lo evalúe.

Hasta ahora los gobiernos regionales han suplido esta falta de dinero desviándolo de otros capítulos, especialmente de obra pública, cultura, empleo o turismo. Esto produce además otra perversión: deja a las comunidades sin capacidad de hacer política más allá de atender sus responsabilidades sociales. Además, cuando el debate se abra las diferencias van a ser acusadas. Las comunidades que más recaudan sugieren ganar más capacidad tributaria, mientras que las que tienen menos ingresos no quieren tener que aumentar la presión fiscal a sus ciudadanos para alcanzar los mismos recursos que las otras.

Hay comunidades infrafinanciadas como Murcia, Andalucía, Valencia, Madrid o Cataluña. Pero, en general, todas tienen problemas. El sistema fiscal español se articula al revés de las necesidades reales: se abren debates sobre la fiscalidad cuando faltan recursos para las comunidades. Igual sería más lógico que se valoraran las competencias reales de los territorios y a partir de ahí se ahormara el reparto del dinero.

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Y sobrevolando este debate, el desafío catalán. Cataluña fue la única comunidad que no envió un experto a la ponencia. El destituido Govern ha estado anclando sus aspiraciones en un cupo fiscal a la catalana. Aunque eso fue antes de llegar a declarar la independencia. El resultado es que los catalanes no están presentes en el foro en el que se decidirá sobre el dinero que les toca en el nuevo sistema. Un daño colateral más del malogrado procés.