“Si a las empresas no les importa dar mala imagen con los números 902, es porque ganan un dineral con ellos”

Madrid

Tras muchos años de lucha por parte de las asociaciones de consumo, en 2014 la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios prohibió el uso de líneas 902 y 901 como servicio de atención al cliente. Sin embargo, tres años después y con un reconocimiento judicial a nivel europeo que avala lo aprobado por la ley española, el uso de estos prefijos telefónicos todavía continúa muy extendido entre las empresas.

“Las líneas 902 cometen una doble ilegalidad: por un lado, ofrecerlas como servicio de atención al cliente contraviene la ley; pero, además, ganar dinero con ellas también está prohibido”, explicó Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, en la última edición de SER Consumidor cuando fue preguntado por qué todavía sigue siendo una práctica extendida el uso de estas líneas. “Las administraciones no hacen nada o son muy lentas”, añadió, y contó que de todas las denuncias que han realizado sólo han conseguido que dos, contra las aerolíneas Air Berlín y Ryanair, respectivamente, lleguen a buen puerto.

“Hemos denunciado ya más de 100 líneas con prefijos 902 y 901 como servicios de atención al cliente, y no entiendo por qué se siguen utilizando. Si las empresas no las retiran es porque son idiotas, dada la mala imagen que transmiten, o porque están ganando un dineral con ellas”, afirmó el portavoz de FACUA.

Desde esta organización para la defensa de los consumidores se lanzó hace tiempo una campaña por Twitter: ‘STOP 902’, que pretende informar de esta mala praxis para que así se pueda denunciar ante la Justicia y buscar alternativas telefónicas a estas líneas. Una de ellas, por ejemplo, es la página web www.telefonogratuito.info, que recopila contactos telefónicos gratuitos de empresas con líneas de pago asociadas a su servicio de atención al cliente.

Pasividad en la administración, descontento en la calle

No son pocos los dedos acusadores que señalan a las administraciones públicas como responsables de la persistencia de este fenómeno, declarado ilegal por la Justicia. Desde la Dirección General de Consumo del Gobierno de las Islas Baleares, su director general, Xisco Dalmau, es una de las voces que reconoce la pasividad y permisividad de las instituciones, y hace autocrítica.

Precisamente, su oficina ha sido la única en toda España que, de momento, ha tomado cartas en el asunto incoando los sendos expedientes sancionadores, anteriormente citados, contra Ryanair y Air Berlín.

Para Dalmau, según declaró a SER Consumidor, “el abuso de las líneas 902 y 901 para atender a los clientes merece la creación de un organismo a nivel estatal que pueda combatir el problema”, una reivindicación que el director general de Consumo del Gobierno de las Islas Baleares ya ha hecho “más de una vez” dado que “serviría para solucionar este y otros problemas de los usuarios”.

Mientras tanto, en la calle el sentir contra el abuso provocado por estos prefijos es general. “No llamo a los 902 porque no me da la gana pagar a las compañías, dependo de una pensión”; “Si no hay más remedio, los utilizo… pero procuro no hacerlo”; “Llamé no hace mucho a un centro de Sanitas para pedir cita, me salió casi cinco euros la llamada”… fue lo que declararon varios transeúntes al micrófono de SER Consumidor.