“No tiene sentido aplicar impuestos a la compra-venta de artículos de segunda mano entre particulares”

Madrid

“Los portales web de compra-venta de artículos de segunda mano casi siempre se utilizan como tablones de anuncios, es decir, se fija un precio y luego se pacta entre el comprador y el vendedor por fuera. No tendría sentido intentar aplicar un impuesto a esas operaciones”. Así de pragmático se mostró el presidente de GESTHA (sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda), Carlos Cruzado, al ser consultado en el último SER Consumidor.

La polémica se desató la semana pasada cuando, tras una consulta realizada al Ministerio de Hacienda, se recordó que incluso este tipo de operaciones están sujetas al impuesto de transmisiones, el cual está reglado por las autonomías aunque en casi todas suele rondar el 4%. Para Cruzado, esta cuestión no sólo “carece de sentido”, al tratarse de operaciones con montantes económicos muy bajos, sino que “puede provocar que el coste de gestión indirecto provocado por el pago de los impuestos fuese superior al del propio objeto”; una reflexión con la que apuntilló su postura sobre el tema.

“Otra cuestión bien diferente sería si el vendedor de los artículos se dedicase habitualmente a vender cosas; entonces sí que debería darse de alta”, añadió.

Un propósito difícil de lograr

SER Consumidor también quiso consultar a la otra parte implicada en este asunto: los usuarios de estos portales y las empresas dedicadas a la venta de artículos de segunda mano a través de Internet. Para el director financiero de Wallapop, Jorge Lluch, el propósito es “muy difícil de lograr”, aunque asegura que su empresa ya se ha puesto “a disposición de las autoridades a fin de mejorar el marco legal”.

Además, Lluch también mostró su disconformidad con la idea ya que la filosofía de estas plataformas, basada en el reciclaje y la sostenibilidad, “puede aportar más a la sociedad que los 40 céntimos que se recauden por los impuestos”. Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, coincide con Lluch y cree que Hacienda “ya dispone de herramientas suficientes para comprobar quién le da un uso particular a la actividad de compra-venta y quién un uso profesional”.