¿Castigar la corrupción como el terrorismo?

Madrid

México, que elevó hace tres años las penas de terrorismo hasta los 40 años de prisión, estudia ahora una iniciativa legislativa para establecer ese mismo límite en el caso de delitos de corrupción. La diputada que defiende esta modificación, Patricia Sánchez, sostiene que la corrupción es un problema muy grave que afecta al crecimiento y desarrollo del estado, que provoca un deterioro del nivel de vida de los ciudadanos y que proyecta una pésima percepción del país a los ojos de la comunidad internacional.

Aunque México ocupa el indigno primer puesto entre los países de la OCDE en materia de corrupción y ocupa el pelotón de cabeza en el mundo, el diagnóstico general podría ser trasladable a un país como el nuestro en el que la corrupción es además, desde hace tiempo, el segundo de los problemas para los ciudadanos y ha tocado a instituciones de toda índole. Y podríamos plantearnos si una iniciativa así tendría sentido en nuestro país, si convendría equiparar las penas por corrupción con los delitos más graves, porque en una democracia es difícil imaginar un delito más grave que utilizar las instituciones para robar a los ciudadanos sirviéndose de la confianza depositada en ellos.