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"El Poder Judicial no es el monaguillo del Ejecutivo"

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, asegura en la Cadena SER que tiene "dudas" sobre el delito de rebelión y defiende la independencia del Poder Judicial

El exmagistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez /

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, ha estado en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER. Joaquín Giménez ha defendido la independencia judicial de los magistrados del Tribunal Supremo y de sus colegas alemanes que van a tener que decidir sobre la orden europea de detención que pesa sobre el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Giménez ha dicho que "el Poder Judicial no es el monaguillo del Ejecutivo" sino que es "la última garantía del sistema democrático". Los delitos por los que Alemania entregue a Puigdemont a las autoridades españolas se conocerán en las próximas semanas, aunque este emérito del alto tribunal entiende que el delito de alta traición es "equiparable" al de rebelión porque recoge el intento de separación  de un Land del Estado Federal y "aquí lo que importa es el contenido delictivo, se llame como se llame el delito".

El delito de rebelión

Joaquín Giménez ha respondido a preguntas de Aimar Bretos que tiene "dudas por el elemento de la violencia" de que todos los líderes independentistas hayan cometido un delito de rebelión. La violencia se reduce a lo ocurrido el pasado 20 de septiembre en la consellería de economía de la que son responsables, señala, los Jordis. En lo que no tiene dudas es en que se ha producido "un apartamiento de la legalidad por parte de quienes son los llamados a respetarla". Además, tampoco comparte la comparación del juez Pablo Llarena con el 23-F porque "hay algo cualitativamente distinto". En cualquier caso hay que "respetar las resoluciones judiciales" y matiza que un auto de procesamiento es "un auto de probabilidad  y no de certeza que eso llegará con la sentencia". Estamos, señala, ante "el pasaporte para sentarse en el banquillo de los acusados". En lo que no tiene dudas es en no compartir la decisión del juez, apoyada por la fiscalía, de acordar el ingreso en prisión de cinco investigados el pasado viernes. Cuatro exconsellers y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Giménez entiende que desde su puesta en libertad bajo fianza no ha habido "manifestación ni actuación objetiva que justifique su ingreso en prisión"

Un problema político

El magistrado emérito del Tribunal Supremo ha diferenciado entre el problema político y el problema jurídico "más concreto, más centrado y más pequeño" que se dirige contra aquellos que "no han aplicado la ley". Según Giménez, "en una sociedad democrática, la ley tiene que ser aceptada y si se tienen los votos suficientes puede ser cambiada pero lo que no es una opción es actuar al margen de la ley". En este punto se ha referido a las palabras del President del Parlament, Roger Torrent, para responderle que "hay que dudar de la solvencia jurídica de quien dice que alguien está por encima de la ley porque eso es el ABC del sistema democrático". 

El problema político es el que aun no se ha abordado y es que "cuando uno tiene dos millones de independentistas en la calle no tiene un problema judicial, tiene algo más", explica este jurista. Añade que "se ha tratado de redireccionar el problema catalán a la sede judicial y ese es el error". El independentismo, concluye, "es legítimo" pero "ese fin viene legitimado por los medios utilizados para conseguirlo y si el medio es el apartamiento de la ley ese fin legítimo queda prostituido". Si para nombrar un cargo hace falta el apoyo de 2/3 de la cámara, "decir que para ser independientes basta la mitad más uno es una frivolidad".

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