El punto de vista jurídico no es político

Buena parte de los juristas españoles discreparon en su momento de la calificación como rebelión de los delitos presuntamente cometidos por Carles Puigdemont al frente del gobierno de la Generalitat, por considerar que no había existido el requisito de violencia. Es exactamente lo que ha venido a decir el Tribunal alemán que ha estudiado la solicitud de extradición presentada por el juez Llarena: no existió violencia en medida suficiente como para que se aprecie delito de alta traición (el equivalente alemán a la rebelión). Así que ya está claro cuál es el límite de la estrategia del presidente Mariano Rajoy de dejar en manos de la justicia la solución del problema planteado por los independentista catalanes: ese límite es la malversación de fondos públicos.

Desde el punto de vista jurídico, el tribunal alemán debe pensar que es un delito lo suficientemente grave puesto que está penado en los dos países con condenas de cárcel e inhabilitación para cargo público. Y no hay duda de eso. Pero es también evidente que el punto de vista jurídico no es el punto de vista político. Políticamente, los independentistas han recibido la decisión del tribunal alemán como un balón de oxígeno, justo al contrario que el Gobierno, que la recibió casi con desconcierto. Si no se complica el plano judicial, Puigdemont, que curiosamente no puede ya delegar su voto en el Parlamento catalán porque ya no estará en la cárcel, podría ser extraditado a España de manera muy rápida. En manos de los independentistas catalanes esta ahora la iniciativa: considerar el posible alivio de la penas de cárcel para todos los procesados como un paso positivo en dirección al acuerdo para elegir otro presidente sin cargas procesales y levantar el 155, o por el contrario, empeñarse en reproducir el camino seguido hasta ahora. Un camino que deben calibrar con cuidado porque en los laterales asoma el enfrentamiento civil entre catalanes.