"Serán atentados, pero no terroristas"

Madrid

La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes a los ocho acusados de agredir, en octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua, a dos guardias civiles y sus parejas. Siete de los ocho acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los 50 y los 62 años de cárcel por delitos de lesiones y amenazas terroristas. Una calificación, la de terrorismo, que ha defendido en Hoy por Hoy el abogado de COVITE, Rubén Múgica, que ejerce, en este caso, la acusación popular. "Cuando uno comete un delito de terrorismo conviene llamarlo por su nombre: terrorista. Lo que cualifica la gravedad de la petición de penas no es el resultado sino el contexto en el que se produjo la agresión. Cuál era la intención de aquella turba de ciudadanos enfurecidos que se cebaron en manada contra cuatro personas", ha insistido Múgica, que ha explicado que "con la ley en la mano, para cometer un delito terrorista no hace falta pertenecer a una organización armada". En cualquier caso, el abogado de COVITE ha insistido en que la agresión fue "absolutamente" planificada y que se desarrolló en un clima "totalitario que persiste en muchas calles del País Vasco y Navarra y sigue buscando el silencio del disidente".

Para Manuel Ollé, sin embargo, "sería una auténtica aberración jurídica que se mantuviera la calificación de terrorismo, sería banalizarlo". El abogado de dos de los acusados ha negado tajantemente que la agresión fuera el resultado de una acción organizada y dirigida contra la Guardia Civil. "En ningún momento fue porque fueran guardias civiles. Las dos personas que yo defiendo me han dicho lo mismo: me enteré al día siguiente de que hubo follón y de que eran guardias civiles. No hubo ninguna finalidad de ir contra la Guardia Civil. Serán atentados, pero no terroristas, atentados comunes", ha insistido Ollé, que ha descartado la posibilidad de un pacto - "lo veo muy difícil" - y que ha confirmado que la defensa va a pedir de nuevo la recusación de Concepción Espejel. "Al haber estado casada con un miembro de la Guardia Civil su labor como magistrada puede estar emocionalmente comprometida".